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Acapulco, Guerrero
Cuando la familia de Esmeralda, una niña de 14 años, descubrió que estaba embarazada, la llevaron al centro de salud que está a la vuelta de su casa, de ahí la remitieron al hospital Donato Alarcón por el alto riesgo que representaba su estado de gravidez.
Ninguno de los médicos o enfermeras se detuvo a observar los detalles del embarazo. Nadie dio importancia a su retraso cognitivo y de aprendizaje, tampoco se fijó en la talla de la niña: mide un metro con 32 centímetros, pesa 37 kilos; la pequeñez de su cabeza y sus manos dan la apariencia de tener menos edad, pero ninguno observó la desnutrición ni su contexto de pobreza.
Nadie se cuestionó si una niña como Esmeralda decidió su embarazo o era víctima de violación.
Cuando llegó al hospital Donato Alarcón, Esmeralda comenzó su control prenatal, y otra vez ninguno de los médicos y/o trabajadoras sociales observó los detalles de su embarazo.
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Nada detuvo al agresor
El Moro, es el apodo del hombre que violó a Esmeralda. Era del pueblo donde viven la niña y su familia.
Cada que quería llegaba a la casa de Esmeralda y amenazaba con que se la llevaría. Una vez lo intentó. Los abuelos la escondieron y le prohibieron que se le acercara. Entonces amenazó con que si le negaban verla los mataría o los enterraría vivos.
Los abuelos le dijeron a Rosa Elena, la madre de Esmeralda, que tenía que irse de la casa y del pueblo para evitar que El Moro cumpliera su amenaza.
Una tarde de marzo de 2018, en la casa estaban sólo Esmeralda y sus dos hermanos menores, Vinicio y Margarita. Se estaba bañando cuando El Moro llegó, fue al baño y se la llevó.
Vinicio corrió a buscar ayuda. Encontró a un primo. Fueron a buscarla por el rumbo que tomó El Moro. No tardaron: los hallaron en una barranca cercana. El hombre violaba a Esmeralda.
Vinicio y su primo le tiraron piedras hasta que la dejó. El Moro huyó y dejó a Esmeralda tirada en la barranca, desnuda y temblando.
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Vinicio tiene muy nítida la escena. No la olvida. Esmeralda, en cambio, nunca ha podido contar lo que pasó.
Vulnerables
Para el sistema de salud en Guerrero, Esmeralda nunca fue una víctima de violación, sino una paciente más. La médica Cristina Romero fue quien notó la vulnerabilidad de la niña.
Intentó acercarse a Esmeralda, no quiso hablar, entonces lo hizo con Rosa Elena, quien le contó lo que hizo El Moro con su hija.
La atendió para prevenir alguna enfermedad de transmisión sexual. Después le explicó a la madre que la menor necesitaba atención sicológica y médica, también le habló de la interrupción del embarazo. Rosa Elena descartó la posibilidad; ella —dijo— no sería capaz de “matar” a su nieta.
Cristina descubrió que en el control prenatal les realizaron ultrasonidos, y en alguna ocasión a las dos las dejaron escuchar el latido del corazón de la niña. Eso, dice Cristina, estableció un lazo sentimental.
En el sistema de salud en Guerrero hay resistencia para aplicar la interrupción del embarazo, incluso, en casos de violación, pese a la vigencia de la Norma Oficial Mexicana para la violencia familiar, sexual contra las mujeres, (NOM046).
La norma indica que en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas de servicios médicos deberán interrumpir el embarazo.
El problema, dice Cristina, es que muchos médicos no están capacitados para aplicar el precepto y han normalizado la violencia contra la mujeres.
“Muchos ven normal que una niña se embarace de un hombre mayor, justifican que son usos y costumbres”, comenta Cristina.
Además, señala, hay médicos que prefieren acatar el Código Penal de Guerrero, que condiciona la interrupción de embarazo por violación, a la autorización de un Ministerio Público (MP).
El problema de violencia sexual contra mujeres en Guerrero es profundo.
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Para las niñas es más agudo. En octubre de 2019, Inmujeres reportó que en México 11 mil menores de 14 años se convertían en madres al año; 32 menores se embarazaban al día. La mayoría, dijo el instituto, producto de violación.
En 2017, la OCDE colocó a México en el primer lugar en abuso sexual, violación y homicidios contra los niños y niñas: registró 4.5 millones de menores violentados.
La cifra puede ser mucho mayor, mucho. En México el principal violador de los niños y niñas está en su círculo íntimo: son los papás, tíos, primos, y esas agresiones casi no se denuncian.
Cadena de desamparo
La familia de Esmeralda la integran su madre, Rosa Elena, de 37 años, y sus hermanos Margarita, de 14, y Vinicio, de 11. Los cuatro tienen discapacidad intelectual. Ninguno sabe leer ni escribir. Todos tienen problemas de desnutrición y viven en la casa de los abuelos.
La vivienda es un cuarto de ocho por cuatro metros. Una parte del techo es de lámina de cartón, otra de bolsas de plástico. No tienen cocina ni refrigerador. Cuentan con dos camas para todos.
Se mantienen con lo que gana el abuelo vendiendo botes de plástico y empleándose de cargador, pero no es suficiente.
Otra parte del ingreso lo obtienen de los programas sociales que reciben los niños y Rosa Elena, pero hay riesgo de que se los quiten porque los menores dejaron la escuela.
Vinicio quiere estudiar la secundaria; Rosa Elena no lo inscribió porque no pudo pagar las cooperaciones, los útiles y los uniformes, aunque se sincera: tampoco iba a poder pagar los pasajes.
Hay otra razón importante: Vinicio no sabe leer ni escribir.
Esmeralda estudió hasta el quinto grado de primaria. Su madre dice que la sacaron porque era muy inquieta y la mandaron a terapias sicológicas.
A las sesiones fue un tiempo, después ya no se pudo, pues llevarla costaba 200 pesos, así que no titubearon en decidir entre las terapias o la comida.
La historia de Rosa Elena también es de violencia y violación: su esposo se la robó, se la llevó a vivir con él y la puso a trabajar en una cantina.
En estos tres años, los abuelos se han hecho cargo de los cuatro, pero la abuela ya se va porque su esposo la maltrata.
Piden alerta de género
Viridiana Gutiérrez es la coordinadora del Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres en Guerrero. Desde hace años centra su energía para que se homologue el artículo 159 del Código Penal con la NOM046.
El año pasado, el Observatorio solicitó la segunda Alerta de Género en Guerrero, esta vez, por agravio comparado, para que las autoridades homologuen el código con la norma. La alerta fue admitida, pero las reformas no llegan.
Hace dos años, propusieron al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pinto, que dé certeza jurídica a los médicos para aplicar la NOM046 ante el temor de meterse en problemas legales, con una circular en la que autorice la interrupción del embarazo.
“Nosotros hemos dicho que apliquen el criterio pro-persona, que cuando se cruzan dos leyes, se le dé preferencia a la ley que más protege a las personas. Es decir, si el Estado no pudo evitar que las violaran, por lo menos que las atienda adecuadamente”, dice Viridiana.
En octubre de 2017 entregaron al funcionario la circular redactada para que sólo fuera firmada, incluso, ofrecieron capacitar al personal de salud de forma gratuita. Siguen sin respuesta.
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De parte del secretario han encontrado resistencia. Viridiana cuenta cómo en un taller que impartían a personal de salud le explicaron la necesidad de firmar la circular. El secretario se negó: “En Guerrero no se hacen abortos si no vienen con denuncia”, recuerda la respuesta del funcionario.
Hasta ahora, pese a que está activa la segunda Alerta de Género, lo que han logrado es que en Guerrero apliquen la NOM046 dos hospitales, el Donato Alarcón, en Acapulco, y el Raymundo Abarca, en Chilpancingo.
La resistencia no sólo es del Sector Salud, también de los ministerios públicos. Viridiana recuerda el caso de una chica de 16 años que fue violada en el municipio de Ometepec. Decidió abortar y junto con sus padres asistió al MP a denunciar y a obtener la autorización para la interrupción del embarazo.
La agente trató de convencerla y puso muchos obstáculos, incluso, ofreció adoptar al niño si decidía tenerlo, luego la hostigó. La amenazó: si descubrían que no fue violada la iban encarcelar. Tras la autorización, la agente envió patrullas al domicilio de la chica hasta que se realizó la interrupción.
“En estos dos años, el Estado es el responsable de que niñas y mujeres estén pariendo hijos de sus violadores”, reclama Viridiana, y añade que es importante la aplicación de la norma porque eso implica que el Estado asume la reparación del daño de las mujeres violadas.
En Guerrero, que las mujeres violadas queden embarazadas es una realidad y eso lo sabe la Secretaría de Salud.
A través de una solicitud de información, la dependencia informó que en hospitales y centros de salud de Guerrero, en 2019 se realizaron 29 interrupciones de embarazo, nueve fueron niñas de entre 13 y 17 años.
Las 29 mujeres fueron violadas.
Niña dando a luz en su casa
Eran las cuatro de la mañana del 3 de septiembre de 2018. Esmeralda comenzó a sentir dolores, estaba en trabajo de parto. Despertó a su mamá y a su abuela. Las dos ayudaron a Esmeralda, quien se convirtió en madre a los 14 años.
Rosa Elena tomó a Esmeralda y a la niña, salieron caminando a la carretera federal Acapulco-Oaxaca para encontrar un taxi que las llevara al hospital. Era urgente: Esmeralda tenía una crisis de pulmonía y la bebé se ponía “morada”. Las dos niñas estuvieron internadas cuatro días.
El último día, los médicos informaron a Rosa Elena que su nieta había muerto. Murió, según el acta de defunción, de un choque séptico, sepsis neonatal y de neumonía. Tenía 27 semanas de gestación. Midió 37 centímetros y pesó un kilo 185 gramos. La nombraron Karla.
Los médicos también pidieron que buscara una funeraria. La mujer no contaba con el dinero para ese servicio.
Médicos y trabajadores se cooperaron para pagarle un taxi que las llevara hasta su casa de forma clandestina. Rosa Elena, Esmeralda y la niña salieron por la puerta trasera del hospital.
A dos años, Esmeralda sigue igual de vulnerable y sin recibir ayuda como víctima. Rosa Elena aún piensa que iba a “sacar adelante” a su nieta, pese a la pobreza en la que viven. El Moro sigue libre porque nunca lo han denunciado.
