Detectan anomalías por más de 338 millones de pesos en Veracruz

De acuerdo con el informe de resultados de fiscalización de la cuenta pública del 2017, realizado por el Órgano de Fiscalización Superior del estado, en tres dependencias del Poder Ejecutivo, 11 entidades y dos fideicomisos se detectaron anomalías en el uso de recursos públicos
nforme General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017
El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz remitió su informe al Congreso del Estado (Foto: tomada de Twitter @ORFIS_VER)
01/10/2018
15:24
Edgar Ávila / Corresponsal
Veracruz
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El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz detectó irregularidades en el manejo de recursos públicos durante el año 2017 por más de 338 millones de pesos.

De acuerdo con el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, los auditores encontraron un presunto daño patrimonial por 338 millones de pesos en el primer año de gobierno del panista Miguel Angel Yunes Linares.

El informe que fue remitido hoy al Congreso del Estado, reporta que en tres dependencias del Poder Ejecutivo, 11 entidades y dos fideicomisos se detectaron anomalías en el uso de recursos públicos.

Se encontraron presuntas inconsistencias en las adjudicaciones directas de cuatro dependencias del estado por 262 millones de pesos.

Se trata de las secretarías de Desarrollo Social de Veracruz (Sedesol) por 40.5 millones de pesos, Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) por 71.7 millones, el Instituto de Espacios Educativos (IEEV) por 78.8 millones y en los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) por 71.7 millones de pesos.

Las observaciones señalan que las dependencias no presentaron dictámenes de procedencia debidamente formalizados de acuerdo a la normatividad y a la legislación en la materia.

El mismo Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior detalla además que existen 6 mil 747 millones de pesos deudores por anticipos de la Tesorería de Veracruz a corto plazo que habrían sido retenidos del Fideicomiso para el mantenimiento de la deuda del estado.

Ante ello, el Orfis propuso que los registros contables de ese fideicomiso estén sujetos a seguimiento durante todo el 2018 para obtener suficiencia documental que permita fincar responsabilidades al actual gobierno estatal.

A partir de esta fecha, los diputados de la LXIV Legislatura deberán realizar un análisis de la fiscalización superior de la cuenta pública 2017 y dictaminar su aprobación a más tardar el 31 de octubre para continuar con el desahogo de responsabilidades.

afcl

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