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Torreón.— Silvia Garza Villarreal, habitante de Allende, Coahuila, quien fue desplazada por la violencia en 2011, dice que siempre esperó que la justicia por lo vivido hace 15 años vendría de Estados Unidos y no de México.
Hace unos días se dio a conocer la posibilidad de que Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, sea juzgado en una corte de Estados Unidos por la llamada “Masacre de Allende”, en la que el grupo criminal de Los Zetas arrasó con ese pueblo a raíz de una supuesta traición por parte de integrantes de ese grupo criminal.
En marzo de 2011 Los Zetas emprendieron una cacería en Allende y Piedras Negras en contra de familiares de personas señaladas como integrantes de ese grupo criminal que habrían colaborado con la DEA.
Silvia y su familia tuvieron que huir a Estados Unidos. Su padre, un constructor de la zona, regresó un año después y fue desaparecido, al igual que su hermano Sergio, quien fue visto por última vez en agosto de 2012.
El plan de la autoridad de justicia en Estados Unidos es comprobar que El Z-40 fue el autor intelectual y material de la masacre, lo que representa la peligrosidad del capo. La idea es mantener las restricciones de su encierro.
“Era de esperarse que la justicia llegara de Estados Unidos, porque México no tiene la calidad moral para hacerlo. Yo sabía que esto se iba a dar de esta forma, no había de otra. La justicia va a llegar tarde que temprano para todos”, comentó Silvia Garza a EL UNIVERSAL en llamada telefónica realizada desde Estados Unidos.
Señala que la prueba de lo que dice es que, hasta esta fecha, las autoridades mexicanas nunca cumplieron con la reparación del daño a las víctimas.
En 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dictó la recomendación 10VG/2018 en la cual se establecieron diversos puntos recomendatorios, entre ellos el pago de una compensación y/o indemnización justa.
Sin embargo, Silvia Garza dijo que desde el acto de disculpa pública, que ofrecieron autoridades federales y estatales en 2019, lo demás ha sido pura simulación.
“No han cumplido con nada”, aseguró la mujer.
Contó que tienen interpuesto un amparo que ya está ganado, pero las autoridades siguen sin hacerse responsables.
“La CEAV [Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas] federal le avienta la pelota a la CEAV estatal y así están. En 2024 la federal se la pasó metiendo prórroga tras prórroga y se las concedieron todas. Estamos muy molestos”, comentó.
Garza Villarreal contó que las autoridades dan únicamente excusas para dilatar y consideró que lo que hacen es esperar a que las víctimas se mueran del coraje para no pagarles la indemnización.
“Yo creo que ven las cifras y les parece increíble que tengan que pagar eso. Entró un nuevo juez, pero es mucha burocracia. Es una burla que quieran dictaminar 250 mil pesos por todas las pérdidas humanas y materiales”, dijo.
Ahora la única justicia posible contra El Z-40 es la que logre EU.
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