San Cristóbal de las Casas. - Agentes de la Policía Estatal, del grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), detuvieron el 22 de enero en Pueblo Nuevo Solistahuacán, en el norte de Chiapas, a dos servidores de la Iglesia adscritos a la Diócesis de Tuxtla que estuvieron cinco días en calidad de desaparecidos, lo que constituye una “desaparición forzada”, denunció el ministro provincial de la Arquidiócesis, Gabriel Romero Alamilla.

En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, informa que a las 14:00 horas del 22 de enero, Orbey Juárez Juárez fue detenido cuando se dirigía a realizar un trabajo de electricidad en la colonia El Estoraque, municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán. “Fue interceptado con violencia extrema por elementos encapuchados y fuerte armados de la FRIP”.

También fue detenido José Julián López Juárez, acusado de homicidio calificado. “Tras su captura, las autoridades negaron información sobre su paradero durante cinco días, configurándose una desaparición forzada e incomunicación total hacia sus familiares, quienes recibieron información engañosa, mientras los detenidos eran trasladados fuera de su municipio”.

Fue hasta el 27 de enero que los dos detenidos aparecieron en el penal de San Cristóbal de las Casas, hecho que evidencia un “proceso marcado por la arbitrariedad y tortura”.

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A los detenidos se les acusa de haber participado en dos homicidios ocurridos el 21 y 22 de enero. El 21 de enero, Orbey no se encontraba en Pueblo Nuevo. “Él se encontraba de viaje rumbo a San Juan Chamula”. “Esta verdad es sustentada por diversos testimonios, incluyendo el de su esposa, quien viajaba con él, el del fray David Pool Paredes, párroco de San Dionisio en Pueblo Nuevo y el de fray Tomás González Castillo”, dice la misiva.

Considera que, en la actualidad, desde la Fiscalía se criminaliza a inocentes, con “inconsistencias y contradicciones”.

Por ejemplo, el 31 de enero, la Fiscalía anunció que vinculaba a proceso por un homicidio ocurrido el 12 de enero en el municipio de Tila a unos hombres, “mencionando nombres que no correspondían a los detenidos”.

El 3 de febrero, la Fiscalía dio otra versión. “Cambió radicalmente la versión, atribuyéndoles dos homicidios distintos en Pueblo Nuevo Solistahuacán: uno ocurrido el 21 de enero vinculado a Orbey y José Juan, y otro el 22 enero”.

“Estas variaciones demuestran una clara contradicción de modo, tiempo, lugar e inculpados, evidenciando que las acusaciones carecen de sustento real y son producto de una estrategia de fabricación de culpables para sostener detenciones ilegales”, acusa el sacerdote Romero Alamilla.

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En el caso de Obery, de 39 años, es agricultor y electricista que desde el 2025, trabaja en la capilla de La Esperanza, de Pueblo Nuevo Solistahuacán, bajo la supervisión de fray David Pool Paredes. Su labor de servicio la comparte con José Julián, que es ministro extraordinario de comunión. “La tortura y detención de ellos agravada por la condición física de Orbey, quien padece una lesión vertebral, muestra el uso faccioso del sistema de justicia para desarticular a las figuras de la iglesia”, sustenta.

Ante la detención de estos dos servidores de la iglesia, los miembros de la Orden Franciscana que trabajan en parroquias de Pueblo Nuevo, Rayón y Tapilula, no permanecen indiferentes ante esta injusticia. “La criminalización de quienes sirven a la iglesia es un agravio para todos”.

Y sostiene que la presencia de la FRIP en Chiapas, “ha sido presentada bajo una supuesta narrativa de brindar seguridad a la población. Sin embargo, diversos testimonios y hechos recientes han demostrado que, lejos de garantizar la paz, su actuación genera un clima de profunda desconfianza y terror”.

El Grupo de Litigantes para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos (Prodedh) pidió una “revisión inmediata, exhaustiva e imparcial del proceso penal” que se le sigue a los detenidos, pero que también sean dejados en “libertad inmediata”, ante “la existencia de violaciones graves al debido proceso y a sus derechos fundamentales”.

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afcl/LL

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