Tijuana, Baja California

El número de cuerpos que llega al Servicio Médico Forense (Semefo) —en Tijuana— nuevamente rebasa la capacidad de la institución, en lo que va del año no sólo se han filtrado imágenes de cadáveres apilados en los pasillos, sino que en ese mismo lapso han sobrepasado el número de quejas que las registradas en todo 2018 en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Baja California.

Apenas la semana pasada, por segunda ocasión en lo que va de 2019 circularon las imágenes de decenas de cadáveres acumulados sobre el piso del edificio judicial, situado sobre el bulevar Fundadores, donde los mismos vecinos y empleados han dado testimonio de la saturación e impacto que ha tenido la sobrecarga laboral.

Cuerpos saturan forense en Tijuana
Cuerpos saturan forense en Tijuana

Al respecto, la CEDH informó que desde enero de 2019 abrió la queja 32/2019 a raíz de un reporte colectivo en el que reportaron las malas condiciones del edificio de Semefo y las afectaciones para los residentes en las inmediaciones que, con estas nuevas imágenes de comprobarse que son reales y en tiempo, podrían integrarse al expediente en curso.

En la ficha elaborada por la comisión se detalla que de enero de este año a la fecha, un total de 10 quejas fueron presentadas ante la institución en contra del Servicio Médico Forense Estatal: Tijuana con ocho y Ensenada con dos.

“Los principales derechos presuntamente vulnerados en las quejas son: derecho a la seguridad jurídica; derecho a la legalidad; derecho a la integridad y seguridad personal y derecho al trato digno, por los hechos violatorios de: omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente los servicios en materia de servicios funerarios; prestar indebidamente el servicio público y acciones u omisiones contrarias a la administración de justicia”, indica el escrito.

Mientras que en 2018 fueron presentadas un total de ocho quejas: en Tijuana cuatro, en Ensenada tres y en Mexicali una sola. La comisión ha resuelto dos recomendaciones dirigidas a la dependencia judicial, la primera 24/2015  por la desaparición del cadáver de una recién nacida en Ensenada.

La segunda recomendación fue este año, en el expediente 2/2019 debido a vulneraciones a los derechos humanos al trato digno, a la seguridad jurídica y a la legalidad, cometidas por autoridades señaladas como responsables, adscritas al Servicio Médico Forense, dependiente del Poder Judicial del Estado, por haber entregado un cuerpo que no correspondía al identificado por sus familiares.

Sobrepasados

No es mediodía y la entrada del edificio judicial tiene a más de una treintena de personas en espera para reconocer algún cadáver, el hedor a muerte atraviesa las ranuras de las puertas y las ventanas hasta la calle, ellos y cualquiera puede darse cuenta del olor a rancio que viene directamente de los cuerpos descompuestos.

Un trabajador de una de las funerarias contratadas para entregar los cuerpos a personal de Semefo baja del vehículo y se mezcla entre la gente, regresa con bata blanca y una serie de maldiciones que lanza al viento: “No puede ser, en serio no puede ser”, grita mientras arruga los ojos, “se equivocaron otra vez”.

Después de un par de preguntas, el también expolicía explica que es muy difícil trabajar con la sobrecarga laboral, porque en una noche puede haber de uno hasta cuatro muertos [asesinatos] a los que tienen que ir, a plena madrugada, y pasa como ese día, que los trabajadores menos capacitados se equivocan en el inventario o a veces tienen que pedir ayuda a algún oficial para cargar a la víctima, “no hay suficiente personal”, acusa.

El coordinador de Semefo en Baja California, César Raúl González Vaca, dijo que las imágenes recién compartidas fueron de hace un mes —abril—, en la parte del anfiteatro, debido a una limpieza en uno de los cuartos fríos, “son reales, nosotros mismos como médicos no estamos de acuerdo con ese manejo de cadáveres, pero también es una realidad que estamos superrebasados en cuanto a la violencia”.

En promedio reciben 15 cuerpos diariamente, una tercera parte de ellos relacionados con asesinatos, el resto por causas naturales. Aunque la Ley de Salud Pública del Estado dice que a los cinco días pueden enviar los cuerpos a la fosa común, detalló que esa disposición no se cumple, esperan más tiempo, porque los cadáveres son considerados pruebas del delito, pero además esperan por si alguien va a reconocerlos.

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