Congreso de Sinaloa pide protección para activista René Castro y su familia

Culiacán, Sin. - El Congreso del Estado emitió un punto de acuerdo para que se activen los protocolos de protección a víctimas para el activista Felipe René Castro Lizárraga y a su familia, además de que se disponga de los recursos necesarios para investigar y esclarecer el asesinato del hijo menor de este, Manuel Alejandro “N”, de 15 años de edad.

A solicitud de la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura local, la diputada local de Morena, Flora Isela Miranda Leal, dio lectura al pronunciamiento, a fin de que se esclarezca el homicidio del adolescente registrado la madrugada del pasado viernes en Mazatlán.

Dio a conocer que el padre de la víctima, Felipe René Castro es miembro del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), organismo defensor de derechos humanos y desplazados, movimiento que además asesora a ciudadanos con problemas habitacionales.

Miranda Leal externó que por el contexto de cómo sucedieron los hechos en la colonia Invasión San Francisco 11, en Mazatlán, se requiere que la Fiscalía General del Estado no escatime esfuerzos ni recursos, no sólo para castigar a los autores materiales, sino intelectuales.

En el punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, aprobado en la sesión de este martes, se planteó que sean activados los protocolos de protección a víctimas para el activista y su familia, ante el riesgo de convertirse en blanco de amenazas o agresiones.

Según las investigaciones abiertas, la madrugada del pasado viernes, hombres armados penetraron al hogar del activista Felipe René Castro, ubicado en la calle Margaritas; los miembros de su familia al percatarse del hecho lograron salir por la puerta de atrás.

Sin embargo, uno de sus hijos menores, Manuel Alejandro “N”, de 15 años, quien convalecía de una lesión en una pierna derivada de sus prácticas de futbol americano, no alcanzó a salir y fue asesinado por varios disparos.

Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, tuvo una reunión privada el lunes pasado con el gobernador Quirino Ordaz Coppel , en la que le planteó la necesidad de que se asigne un grupo especial de investigación en este caso.

El activista, quien encabezada desde hace varios meses la defensa legal de 75 familias en posesión de viviendas, dijo que su hijo no tenía problemas con nadie y recién había egresado de secundaria.

Señaló que desconoce el origen del ataque contra su familia, sin descartar que sea una venganza en su contra por sus actividades de activista social en diversos temas, entre ellos, los desplazados y los conflictos legales habitacionales.

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