Más Información
estados@eluniversal.com.mx
Cuernavaca
El acuerdo para revocar la licencia de funcionamiento del bar Attico, en Cuernavaca, Morelos, por el asesinato del universitario Alfredo Israel Hernández, en septiembre pasado, está estancado, ya que entre funcionarios se “echan la bolita” para emitir un dictamen, acusó Enrique Paredes Sotelo, abogado de la familia del joven.
Paredes aseguró que su petición esta “congelada” desde noviembre del año pasado por una aparente oposición del regidor Eduardo Bordonave, ya que Carlos Gibrán Haro Álvarez, apoderado legal del bar, es cercano al edil desde su cargo como dirigente del Partido Socialdemócrata (PSD).
La supresión del permiso fue solicitada por la Secretaría de Gobernación a través de un oficio enviado por la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas; sin embargo, este se estancó en la Comisión Reguladora para la Venta, Distribución y Consumo de Alcohol.
El abogado acusó de omisión al secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Cuernavaca, Juan Pons Díaz de León, quien afirma a su vez que la anulación de la licencia corresponde a Bordonave.
El ayuntamiento expresó en un comunicado que el alcalde Cuauhtémoc Blanco solicitó en tiempo y forma a la Comisión Reguladora cancelar la licencia al antro, pero subrayó que la Comisión no había sesionado y eso podría constituir una omisión.
Pons Díaz de León abundó que la Comisión Reguladora dejó a un lado la revocación de licencia para atender otros temas como las cadenas de tiendas de autoservicio.
En ese descargo de responsabilidades, Paredes Sotelo advirtió que en caso de que el ayuntamiento de Cuernavaca permita que el Attico conserve la licencia de funcionamiento acudirán ante los tribunales para denunciar al gobierno municipal por daños y perjuicios.
De acuerdo con el litigante, los responsables de emitir la resolución en la comisión, como lo marca la ley municipal, son el regidor de Gobernación, Eduardo Bordonave Zamora, y el secretario de Turismo, Juan Pons Díaz de León, pero ambos evaden el tema.
“El secretario técnico de la Comisión es quien inicia el procedimiento para revocar la licencia (...) Después hace un proyecto de sentencia y se lo manda a la Comisión para su análisis, para que ésta determine si la revocación es procedente o no, pero entre los dos ‘se echan la bolita’ sobre el asunto”, reprochó el abogado.
Bordonave Zamora asegura que el titular de Turismo y la Dirección de Gobernación no aportan elementos legales para revocar la licencia, por lo que la Comisión no puede dar resolución por presión social.
“Ellos comentan ‘que se alteró el orden público’ pero no se puede alterar el orden público en un lugar privado”, detalló.
El bar Attico está clausurado desde el asesinato de Alfredo Israel, los propietarios de la empresa pagaron una multa de 14 mil pesos y después cerraron las puertas del negocio de manera definitiva. El 20 de diciembre el ayuntamiento retiró los sellos de clausura.
El establecimiento operaba desde 2007 con una licencia de funcionamiento otorgada por el ex alcalde Jesús Giles Sánchez (2006-2009) a Claudia Patricia Martínez Arcos, representante del bar. En Cuernavaca operan 2 mil 400 negocios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas.
Legislan sobre detectores de metales. El crimen del estudiante ocurrió cuando salió en defensa de una trabajadora del bar, también estudiante en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que era sometida por Óscar Antonio Gómez Sierra, El Negro, detenido en noviembre por la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
Legisladores locales y funcionarios de Cuernavaca criticaron la falta de medidas de seguridad en los bares y centros nocturnos, en respuesta, Andrés Remis Martínez, presidente de la Asociación de Discotecas y Centros de Espectáculos, afirmó que sus socios cuentan con protocolos de seguridad, pero destacó que el bar Attico no pertenecía a la asociación.
La diputada del PRD Beatriz Vícera Alatriste encontró que la legislación estatal sólo obligaba a algunos establecimientos nocturnos a disponer de un dispositivo detector de metales para inhibir el ingreso de armas de fuego a los negocios.
A fin de evitar más incidentes, en diciembre pasado fue aprobada por el Congreso de Morelos una modificación de ley que obliga a todos los establecimientos nocturnos a colocar un detector de metales.
El cabildo, por su parte, modificó La Ley Reguladora de Bebidas Alcohólicas en el municipio, donde se establece que de no cumplir con el requisito de seguridad, el establecimiento perdería su licencia de funcionamiento.
