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La manera en que se anuncia el cierre permanente del Centro Federal de Readaptación Social número 2 , en Puente Grande, Jalisco, muestra nuevamente la confrontación entre el gobierno federal y el estatal, consideró Rubén Ortega Montes, investigador e integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara .
En su opinión, el anuncio de este lunes deja ver que no hubo aviso previo a las autoridades de Jalisco, lo que para una decisión de esta envergadura parece incomprensible, pues impacta en la percepción de que Jalisco es un lugar inseguro y no tiene la capacidad en materia de seguridad pública como para albergar uno de estos centros donde se encierra a reos de alta peligrosidad.
El académico recordó que en junio pasado tanto el gobernador Enrique Alfaro , como el fiscal Gerardo Octavio Solís, reconocieron que la Fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado, por lo que no sería descabellado pensar que la decisión del gobierno federal tiene que ver con una posible infiltración de la delincuencia organizada en el centro penitenciario.
En ese sentido, señaló que en julio pasado se realizó un fuerte operativo en el que intervinieron el Ejército y la Guardia Nacional para trasladar a casi 400 reos de este penal a otros centros penitenciarios y en esa ocasión las explicaciones que se dieron tuvieron que ver con motivos de seguridad.
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Ortega Montes dijo que además habrá un impacto económico a la zona, pues en torno al penal federal se ha generado, desde hace años, una cadena económica cuyo motor principal son las personas que visitan a los reos y los trabajadores del centro penitenciario.
También falta saber –continuó el investigador– qué impacto tendrá en la impartición y procuración de justicia, pues los ministerio públicos federales, los jueces y magistrados que están ahí ya no tendrán jurisdicción.
Según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, hasta julio pasado en este centro federal había 376 reos, todos varones, de los cuales 40 seguían en proceso y el resto ya contaban con sentencia; según esta información del gobierno federal, en este reclusorio había lugar para mil 40 presos.
En enero de este año, la población de este Cefereso era de 835 reos y durante los siguientes meses fue disminuyendo, lo que hace ver que la decisión se tomó hace tiempo y se fue ejecutando paulatinamente.
Hasta el momento el gobierno de Jalisco no ha emitido ninguna postura al respecto.
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