Cateo en oficinas de la Entidad Superior de Auditoría fue autorizada por Juez: Fiscalía de Morelos

Cuernavaca.- Agentes de la Fiscalía Anticorrupción catearon las oficinas de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) , y se llevaron el expediente que contiene la investigación contra el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara , por una denuncia ciudadana y con la cual se podía iniciar una auditoría a la dependencia, afirmó América López Rodríguez, encargada de despacho de la ESAF.

La Fiscalía Anticorrupción respondió que el cateo con número de carpeta JC/1051/2020 fue autorizado por un Juez de control el pasado 10 de octubre y se ejecutó esta mañana “derivado de las múltiples negativas, evasivas y omisiones a los requerimientos de información realizados por la Fiscalía Anticorrupción.

“Respetando el debido proceso, la Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo el aseguramiento únicamente de los objetos autorizados por el Juez”, aseguró en un comunicado.

Sin embargo, la encargada de despacho de la ESAF, América López, afirmó que el cateo fue irregular y por tanto adelantó que ampliará su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el fiscal de Morelos porque con la sustracción de documentos se obstaculiza la fiscalización. Además, acusó que el fiscal general utiliza al fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, a quien designó en el cargo, para saber qué tipo de denuncias hay interpuestas en la ESAF en contra de la Fiscalía.

“Hubo una orden de cateo por causa penal 1051 del juez de Atlacholoaya, vinieron a llevarse el expediente y revisar el libro de registros con inspección ocular a los estrados para tener los datos suficientes de la persona que denuncia; han vulnerado los derechos del denunciante y si le pasa algo es culpable al fiscal general porque tiene información en su poder”, acusó la encargada de Despacho de la ESAF.

López Rodríguez señaló que en el cateo el personal de la Fiscalía Anticorrupción se excedió y tal parece que molesta la investigación en contra del fiscal general, por lo que realizarán un inventario de la información que se llevaron y presentarán las denuncias penales porque el libro de registros contiene denuncias desde el 208 en contra de varios funcionarios municipales.

Agregó que es una situación preocupante porque es el tercer cateo que autoriza un juez para sustraer información y en este caso el expediente que contiene la denuncia que se presentó por ilícitos en los que pudo incurrir la Fiscalía General.

También acusó que para esta diligencia solicitaron al personal de la ESAF retirarse de sus áreas de trabajo y llevarla a cabo únicamente con la directora de la Jefatura de Investigación.

Desde la semana pasado López Rodríguez, encargada en turno de la ESAF, acusó que la Fiscalía anticorrupción intensificó el hostigamiento en contra de los funcionarios que revisan el estado financiero de la Fiscalía General del Estado (FGE), como resultado de una denuncia ciudadana recibida.

Precisó que lo anterior se confirma primero, con el oficio que la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, Diana Lizbeth Acosta Ángel, dirigió al encargado de la Dirección General Jurídica de la ESAF, Alberto Salgado Pérez para hacer de su conocimiento que “se hace efectiva la sanción administrativa en modalidad de multa”, al oponerse a entregar información respecto de la denuncia que obra en contra del fiscal general Uriel Carmona Gándara.

El fiscal, dijo López Rodríguez, “utiliza al fiscal anticorrupción para cometer estos procedimientos irregulares, contrarios a la entidad. Viola derechos de los trabajadores y de ciudadanos que recurren a la ESAF para denunciar actos de corrupción en la Fiscalía General del Estado”.

La encargada de despacho también afirmó que existe temor del fiscal Uriel Carmona Gándara por transparentar las finanzas y la aplicación del gasto de la dependencia responsable de la persecución del delito en Morelos. Como prueba de ello, afirmó Alberto Salgado Pérez, encargado de la Dirección General Jurídica de la ESAF, el órgano interno de la fiscalía se amparó ante juzgados federales porque alegan que la ESAF no es competente para investigar el estado financiero de la FGE.

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