Aprueban convocatoria para consulta sobre Uber en Cancún

Mientras el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) aprobó hoy los términos de la convocatoria para realizar la primera consulta popular que definirá si se autoriza o no la operación de las plataformas digitales tipo Uber en Cancún, el Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” anunció que se ampararán en contra del ejercicio ciudadano y condicionaron su voto al candidato que les ofrezca “protección” en contra de lo que asumen como una “competencia desleal”.

El martes pasado el Consejo General del IEQROO aprobó la solicitud hecha por el gobernador del estado, Carlos Joaquín, para llevar a cabo, el 1 de julio, una consulta popular en la que la ciudadanía de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, emita su opinión sobre la autorización del transporte de servicio público de automóviles de alquiler a través de plataformas digitales.

Este jueves, el pleno del Consejo General sesionó y autorizó el contenido de la convocatoria que deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Estado, en la página web del Instituto y en dos periódicos de mayor circulación en el estado.

La organización, desarrollo, coordinación, cómputo total y declaración de resultados de la consulta popular, estarán a cargo del Consejo General del IEQROO, como única Instancia calificadora, la cual entregará los resultados, que son de caracter vinculante, al Congreso estatal y al gobierno local.

El Consejo Municipal Electoral en Cancún, realizará el cómputo preliminar de los resultados, conforme se reciban los paquetes de las más de mil casillas a instalarse y realizará la suma de resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas.

La consulta popular se realizará el domingo 1 de julio, de las ocho a las 18 horas, dentro de la demarcación territorial del municipio de Benito Juárez, a través de las mesas directivas de casilla que el Instituto Nacional Electoral (INE) instalará para la celebración de la elección constitucional de Presidente de la República, Senadores, Diputados Federales y de los integrantes de los Ayuntamientos.

El porcentaje mínimo requerido para obtener la vinculación de la consulta será la participación de al menos el 35 por ciento del listado nominal de electores en el municipio, que corresponde a 540 mil ciudadanos.

Rechazan taxistas consulta y amagan con amparos

El Frente único de Trabajadores del Volante de Quintana Roo (FUTVQROO) anunció su rechazo a la consulta popular, informó que promovieron amparos y que analizan otro tipo de acciones, además de condicionar el voto de los agremiados y sus familias, al candidato o candidata que respalde o no la entrada de Uber.

“Vamos a ayudar al candidato que nos ayude”, expresaron Eduardo Peniche Rodríguez y Erasmo Abelar Cámara, Secretarios Generales del Frente Único, en conferencia de prensa.

El argumento de los taxistas consiste en que están “salvaguardando” las fuentes de empleo y patrimonio de más de 90 mil familias que dependen de la operación de taxis en el estado y más de 20 mil en Cancún.

Reunidos en el Centro de Monitoreo de Alta Tecnología (CEMAT) del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” los dirigentes de los 17 sindicatos de taxistas afiliados al FUTVQROO, afirmaron que la consulta popular solicitada por el Ejecutivo del estado es, en su opinión, ilegal.

Criticaron además que el ejercicio ciudadano se realice en plena jornada electoral, pues desde su punto de vista “no sólo se presta para enrarecer el ambiente ante la efervescencia política del momento, sino que la pregunta en si es tendenciosa”.

El Frente citó que el Artículo 25 de la Ley de Participación Ciudadana –base para solicitar y aprobar la consulta popular- establece que ésta será improcedente cuando la exposición de las razones que motivan la solicitud resulte “frívola, inverosímil, subjetiva o no contiene una relación directa causa-efecto de las razones expuestas”.

Por el contrario, tanto para el gobierno del estado, que hizo la petición, como para el IEQROO, que la aprobó, conocer la opinión de la ciudadanía respecto a la operación de plataformas digitales ligadas al transporte público, es un tema de trascendía porque tiene un impacto en la población, lo cual es un requisito de la ley antes citada.

Para Peniche Rodríguez y Erasmo Abelar la consulta es “improcedente e inconstitucional porque parte de premisas falsas”