Ante pandemia, CNDH pide garantizar derecho al agua de Ayutla Mixe

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a favor de San Pedro y San Pablo Ayutla, comunidad ayuujk (mixe) de la Sierra Norte de Oaxaca, que enfrentan la pandemia por Covid-19 sin agua potable, situación que prevalece desde hace más de mil días tras una disputa limítrofe.

De acuerdo con un documento de la Cuarta Visitaduría de la CNDH, con folio 30649, el órgano autónomo solicita la implementación de las medidas cautelares a favor de los habitantes de Ayutla, dado que “al no tener garantizado su derecho al acceso al agua, les resulta imposible implementar las medidas preventivas y de mitigación para evitar los contagios provocados por el virus”.

En el documento, dirigido al gobernador Alejandro Murat , a Blanca Cisneros, directora de la Comisión Nacional del Agua ( Conagua ) y a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Segob, se explica que derivado de la declaración de Emergencia Sanitaria por la pandemia de Covid-19, el gobierno federal ha establecido medidas básicas de higiene como una manera de prevención, mismas que los habitantes de esta comunidad indígena no pueden seguir dado que no cuentan con acceso al agua potable en la cabecera municipal.

Según la CNDH, estas medidas cautelares buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos.

“Se considera que en el presente caso se actualizan los elementos de gravedad, urgencia y daño irreparable, por lo que se deberá salvaguardar la protección de los derechos a la vida, a la salud y al vital líquido, así como a la integridad personal y seguridad mediante la implementación de medidas cautelares en favor de los habitantes del municipio indígena de San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixe, Oaxaca”, indica el texto.

Ante ello la CNDH solicita a las autoridades antes mencionadas que giren instrucciones a quien corresponda, para que en coordinación con autoridades estatales y federales, “se garanticen el derecho al agua y la protección de la salud a los pobladores indígenas del municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla (...), en virtud de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno federal”.

Pide también que ambos niveles de gobierno instauren mesas de diálogo para atender la problemática expuesta y para implantar las medidas cautelares emitidas.

Por último, la CNDH pide que se le informe de las medidas cautelares adoptadas y su respectivo seguimiento. Dichas medidas, explica, “deberán implementarse durante el tiempo que sea necesario evitando así la consumación irreparable de hechos violatorios de los derechos humanos, que causen daños de difícil o imposible reparación”.

Ayutla Mixe lleva mil 37 días sin acceso al agua potable derivado de un conflicto limítrofe con Tamazulápam de Espíritu Santa, pueblo vecino al que señalan por el despojo de las tierras donde se asienta su manantial. El 5 de junio de 2017, se registró un ataque armado de un grupo de esta comunidad contra comuneros sin armas de Ayutla, en la agresión fue asesinado un poblador de esta última comunidad.

Posteriormente, los pobladores de Tamazulápam destituyeron la infraestructura hidráulica de Ayutla y desde entonces se han realizado distintas mesas de diálogo con miras a llegar a un acuerdo, el cual no se ha alcanzado. Ayutla incluso ha llevado su denuncia ante el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando éste ha visitado la entidad.

De acuerdo con el gobierno de Oaxaca, la existencia de amparos interpuestos por ambas comunidades, le impide intervenir para iniciar los trabajos de reconexión y “en tanto ambas comunidades que tienen el mismo derecho no se pongan de acuerdo y se desistan de las actuaciones legales, el gobierno del estado tiene un impedimento legal”, pues la determinación de un juez federal prohíbe conectar las tuberías.

Aseguró que presentó una solicitud para modificar la determinación del juez, misma que le fue negada, por lo que aseguró que dicha resolución será impugnada.

Esta postura oficial es rechazada tanto por autoridades agrarias como por pobladores de Ayutla, que aseguran que dichos amparos no impiden la reconexión.

rcr