Alcalde admite en informe que violencia cambió percepción de seguridad en Cancún

El edil, militante del Partido Verde Ecologista (PVEM), dijo que para combatir el clima de inseguridad que solicitó ayuda de los gobiernos federal y estatal
Alcalde admite en informe que violencia cambió percepción de seguridad en Cancún
Foto: cortesía municipio de Benito Juárez
12/09/2017
08:18
Adriana Varillas / corresponsal
Cancún, Quintana Roo
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Con más de 100 ejecuciones en su territorio, un aumento en los índices de violencia e inseguridad en Cancún y un repunte en los robos a casas, negocios, plazas comerciales, centrales bancarias y traunseuntes, el alcalde de Benito Juárez, Remberto Estrada, admitió al rendir su Primer Informe de Gobierno, que el tema ha sido un problema que “cambió totalmente” la percepción de tranquilidad y paz del municipio.

Aunque el joven edil se refirió a la situación que se padece en esta ciudad, como un efecto de lo que llamó “una ola de violencia” que aqueja en el estado, la realidad es que el grueso de los homicidios dolosos vinculados con el crimen organizado, los ataques a la policía y el índice delictivo, tiene como escenario Cancún.

“Estábamos trabajando en nuestros primeros 100 días de gobierno, cuando se desató una ola de violencia nunca antes vista en Quintana Roo, que cambió totalmente la percepción de seguridad en el estado y, desde luego, también en nuestro municipio.

“Bandas de delincuentes se enfrentaron entre ellos, cometiendo homicidios, cometiendo actos para intimidar a la autoridad, pero por supuesto que no lo lograron”, expresó durante el mensaje dirigido esta noche a la ciudadanía, la clase política y empresarial, que le acompañaron hoy, luego de una tarde de torrenciales lluvias que cesaron antes del evento realizado en Plaza de la Reforma, en el Palacio Municipal.

El edil, militante del Partido Verde Ecologista (PVEM),  dijo que para combatir el clima de inseguridad que –además mereció a este destino aparecer en el listado de advertencias de viaje del Departamento de Estado de Los Estados Unidos- solicitó ayuda de los gobiernos federal y estatal, para trabajar de forma coordinada y aseguró que se han logrado “muchos avances”.

“Falta mucho, pero en un tiempo récord los principales líderes de las bandas han sido detenidos y sus estructuras están siendo desmanteladas”, se ufanó, pese a que ninguna de las detenciones de los líderes de las células criminales han sido producto de la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, sino de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), de la Procuraduría General de la República (PGR) y de sus órganos de inteligencia. 

Incluso, la captura de Leticia Rodríguez, conocida como “Doña Lety”, cabeza del llamado Cártel de Cancún, ocurrió fuera de Quintana Roo, en el estado de Puebla, hace un mes.

Como parte de un discurso que, en términos reales no duró más que 45 minutos, pues abundaron las pausas a la espera de ovaciones y aplausos o los saludos a las y los invitados –sin contar con todo el acto protocolario- Estrada Barba cerró el tema anterior, recordando que tomó la decisión de reforzar la Secretaría de Seguridad Pública “para restaurar el orden y garantizar la seguridad ciudadana”.

Omitió mencionar que después de casi ocho meses de dar nombramiento a José Luis Jonathan Yong como encargado de despacho en Seguridad Pública, lo sustituyó y en su lugar nombró Alejandro Rodríguez Zepeda y como super asesor al polémico Julián Leyzaola Pérez, ambos, provenientes del norte del estado.

La incorporación de Leyzaola le valió dos llamadas de atención, una de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CEDHQROO) y otra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como de organizaciones civiles, que condenaron el nombramiento de un personaje con antecedentes de tortura y violaciones a derechos humanos.

Entre los datos duros ofrecidos, que aparecieron en un video transmitido en pantalla, se indicó que conformaron 412 comités policiales vecinales, 27 brigadas y realizaron 158 jornadas de rescate de espacios públicos, además de 353 cursos de capacitación en prevención del delito para 30 mil 345 participantes.

Se participó en 198 operativos coordinados por la Fuerza de Reacción Inmediata Mixta, se detuvieron a 736 personas, de las cuales 712 fueron puestas a disposición del ministerio público y se reportaron 53 vehículos recuperados.

Hay 101 patrullas, se añadió, pero el edil eludió referirse a la polémica licitación para rentas 97 vehículos –en dos procesos distintos- para patrullar la ciudad, a la empresa privada URFISA, medida ampliamente criticada por partidos de oposición como el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En el tema turístico, remarcó los índices de ocupación, que en promedio anual ascienden al 92 por ciento y los 4 mil millones de dólares que al año se recibe por concepto de la derrama y que son propios de la tendencia del propio destino, su belleza, posicionamiento de marca y promoción por parte de la iniciativa privada, mas que resultado de acciones de gobierno.

En temas financieros, se congratuló de no haber solicitado, hasta el momento, ningún crédito que implique contraer deuda, pero evadió detallar que se analiza reestructurar la deuda existente, sin que pase por el aval del Congreso, bajo el argumento de mejorar las condiciones de las tasas de interés, de acuerdo con lo anunciado por la Tesorería municipal.

Anunció que la calificadora financiera Fitch and Ratings elevó la calificación crediticia del ayuntamiento a A- (mex), lo que además de reconocer el manejo financiero –dijo- permitirá la “reestructura de créditos”.

El munícipe insistió que su gobierno es transparente, pero la información que de forma obligatoria debería estar disponible en su portal electrónico, desde mayo pasado como estipula la Ley, no aparece aún. Su administración se ha escudado en que el plazo para que se les finquen responsabilidades, vence en diciembre.

Organizaciones como Ciudadanos por la Transparencia (CITRA) y Wikipolitica, se han quejado en reiteradas ocasiones de que las solicitudes de información que presentan no son atendidas.

También reiteró que hay “tolerancia cero” y “combate a la corrupción”, pero cuando salió a la luz que su entonces secretario general del ayuntamiento, Mauricio Rodríguez Marrufo, había sido denunciado por el gobierno estatal por su probable responsabilidad en los daños al patrimonio de la entidad, Estrada Barba se negó a removerlo para facilitar las investigaciones.

Rodríguez Marrufo fue detenido en Cancún, en mayo pasado, acusado por el desempeño irregular de las funciones, cuando fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y sigue preso enfrentando su proceso.

Caso similar fue el de Hugo Bonilla, quien como director de Ingresos Coordinados fue denunciado por el regidor Antonio Meckler, por no haber subsanado las observaciones de la Auditoria Superior del Estado, recobrando millones de pesos que dejaron de ingresar a las arcas municipales en la administración pasada, ni en ésta, por un “error” de programación.

El funcionario, ante la presión mediática e incluso política, pues era suplente del Auditor Superior, renunció al cargo municipal e incluso al de auditor.

Aunque Estrada Barba aseguró que su gobierno “no trabaja por colores partidistas”, una de las anécdotas más representativas al inicio de su administración, fue que todo inmueble público, incluidas guarniciones y banquetas, fueron pintadas de verde, el color de su partido. Incluso, las piedras de parques públicos, se pintaron de ese color.

En el ámbito político, el alcalde, quien posiblemente se reelija al cargo, aclaró que aunque “hay quienes quisieran ver que el gobernador y yo nos enfrentamos, pues no lo van a lograr” y reprochó a quienes han criticado sus acciones y “publican mentiras”.

Hubo mención sobre la Alerta de Violencia de Género (AVG), que en su opinión ha sido atendida correctamente, a través de eventos de capacitación, talleres, limpieza de veredas y otras acciones; sin embargo, la operación del Refugio de Atención a Mujeres Victimas de Violencia Extrema se retrasó, precisamente en el ámbito de su competencia, no existen luminarias suficientes en las zonas de mayor peligro en la ciudad y tampoco vigilancia suficiente.

jlcg 

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