Representantes de diez organizaciones defensoras de los derechos humanos del país, reunidos en Monterrey durante tres días, expusieron que la inseguridad y la impunidad, parecen ser parte de un plan absolutamente deliberado, como parte de una política “que alienta el incremento de la violencia” en México.

Denunciaron que la investigación de los delitos es deliberadamente omisa y la impunidad sustituye todo acto de justicia de tales ilícitos.

Por lo anterior, exhortaron a las autoridades federales y de los estados, a implementar políticas públicas que incluyan la búsqueda inmediata de personas desaparecidas desde una perspectiva humanitaria, integral, transparente y de acceso a la justicia, auxiliándose con expertos profesionales en la materia, con el respeto pleno a la dignidad de la persona y la condición de víctimas de sus familias.

“Nuestra experiencia en la promoción y defensa de derechos humanos en diversas regiones del país nos ha hecho constatar y padecer que el último semestre indica una política que alienta el incremento de la violencia y la inseguridad en las regiones” de la República, señalaron en su posicionamiento, luego de tres días de trabajo.

Consideraron que ese “plan deliberado” que alienta la inseguridad y la impunidad en el país, se expresa en los ataques, amenazas y graves casos de victimización a defensores de derechos humanos, a activistas y colaboradores de centros y colectivos, familiares de víctimas y periodistas.

Citaron como ejemplo los asesinatos de los periodistas, Miroslava Breach, en Chihuahua, y Javier Valdez, en Sinaloa, que no se han esclarecido ni sancionado, además de amenazas y varios ataques a familiares de víctimas, en los estados de Zacatecas, Michoacán y Veracruz.

En su posicionamiento, los defensores de derechos humanos, expusieron que cuando los efectos de los ataques y la tortura tienen consecuencias graves, las autoridades no se hacen parte de la atención a las víctimas ni cumplen otras responsabilidades en esas violencias, como fue el caso de su compañero Miguel Ángel García Leyva, defensor de derechos humanos en el noroeste del país.

Denunciaron, en Michoacán, se ha acosado y hostigado permanentemente a Cristina y Janahuy Paredes, con hechos tan graves como una detención arbitraria, una temporal desaparición forzada y violencia en razón de género por el hecho de ser mujer. Ambas son hijas de José Francisco Paredes Ruiz, desaparecido desde 2007.

Respecto a la agrupación “Zacatecanos por la Paz”, afirmaron que se han dado casos que familias de víctimas de diversas localidades, han sufrido ataques y amenazas graves, con privación ilegal de la libertad, pero no se denuncian formalmente por temor a represalias.

Aseguraron que por estos hechos han llevado informes ante Michel Forst, relator especial de la ONU para Defensores de Derechos Humanos, desde su visita a este país en el mes de enero, actualizando información ante la gravedad de los hechos y su persistencia.

Al encuentro que se realizó del 14 al 16 de septiembre, acudieron representantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), de Guerrero; Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, de Baja California, Sinaloa y Sonora; Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas, de Veracruz.

Asimismo, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) de Nuevo León; Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM) “Alzando Voces”, de Michoacán; y Consejo Federal Ejecutivo del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos.

Finalmente, también estuvieron la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM); Grupo Vida Laguna A.C., Víctimas por sus Derechos en Acción, de Coahuila; la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, de Chihuahua; y Zacatecanos por la Paz, de Zacatecas.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses