Acusan a minera Peña Colorada de atentar contra zonas forestales en Colima

Desde hace tres meses Horacio Mancilla, alcalde de Minatitlán, espera una copia del acta de la última reunión celebrada por el Consejo Forestal del estado, pues argumenta que en ese documento se demuestra cómo el gobierno federal intervino de forma irregular a favor de la minera Peña Colorada.

Lo anterior para conseguir un cambio de uso de suelo en poco menos de 400 hectáreas de bosque y con ello poder explotar una nueva veta de hierro que, según los cálculos del presidente municipal, generaría ganancias por más de 25 mil millones de dólares a la empresa.

Se estima que esta mina, ubicada sobre los límites de la entidad y Jalisco, en los municipios de Minatitlán y Cuautitlán de García Barragán, respectivamente, produce casi 40% del hierro del país.

Peña Colorada inició labores en 1975 como una empresa del Estado y en 1991 se vendió a capital privado; hoy pertenece en partes iguales a los consorcios AcelorMittal, de Luxemburgo —que opera las minas de El Volcán, en la comunidad de Rosario Tesopaco, Sonora, y el complejo Las Truchas, en Michoacán— y Ternium, ítalo-argentino, que también maniobra la mina Las Encinas, en Aquila, Michoacán.

El origen

El edil explica que desde el 14 de julio de 2017, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pidió al ayuntamiento una opinión sobre el nuevo proyecto promovido por la compañía minera.

El asunto se discutió en el Consejo Forestal de Colima, integrado por dependencias federales y estatales, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Rural, de Desarrollo Urbano, Conafor y Semarnat, representantes de sectores sociales, académicos, comerciales y comunidades indígenas.

Mancilla, edil de Minatitlán por segunda vez en 17 años, asegura que en todo ese tiempo no ha visto que la riqueza de la mina se refleje en su comunidad, por lo que dio varias razones para no avalar el nuevo proyecto ante el Consejo Forestal.

“Ponderamos los temas ambientales porque nos interesa la sustentabilidad, uno de los puntos que también tocamos fue lo social, que el empleo se genere en la zona, que la empresa cumpla con las leyes y reglamentos municipales, federales y estatales porque es una compañía que no cumple, es una empresa corruptora, con dinero trata que todo funcione y nadie le diga nada, no paga permisos de construcción, no paga impuestos prediales, no paga obligaciones elementales”, señala en entrevista con EL UNIVERSAL.

Recuerda que en el acta de la sesión del Consejo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional del Agua también argumentaron puntos en contra, pues en la zona que se pretende impactar hay más de 78 mil árboles y manantiales que producen 600 o 700 litros de agua por segundo y representan una importante fuente de abastecimiento para Colima.

En esa ocasión se acordó pedir a la mina cumplir con 12 puntos, entre ellos hacer una consulta pública del proyecto en las comunidades cercanas, reubicar el sitio donde se pretende depositar los residuos sólidos y atender la peticiones del municipio.

El cambio de decisión

Sin embargo, el 4 de octubre pasado el Consejo Forestal del estado, presidido por el secretario de Desarrollo Rural de Colima, Agustín Morales Anguiano, convocó a una nueva reunión y todo cambió.

“Llegó una orden muy superior de la Presidencia de la República, quiero entender, y Gobernación reúne a todos los delegados dos meses después; como que cuando se dieron cuenta de cómo estaba el asunto, de repente convocan a una sesión al Consejo pero van con la indicación de que todo está bien y nadie le va a decir nada a la minera”, dice Mancilla.

La Universidad de Colima decidió levantarse de la mesa para no avalar la sesión, mientras que el resto de los funcionarios obedecieron debido a que se trata de un proyecto que involucra miles de millones de pesos, considera el edil. “Es un proyecto magno que pretende sacar 97 mil millones de toneladas de mineral de muy alta ley que en la cadena de valor de esta minera tiene un valor cercano a los 25 mil millones de dólares (…) lamentablemente en el servicio público hay cabrones que por dinero venden hasta los calzones”, dice.

Aunque aún no se otorga el cambio de uso de suelo, el alcalde asegura que desde octubre solicitó copia del acta de la última reunión del Consejo para acudir a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat y denunciar el asunto; de no haber respuesta del gobierno federal, llevará el tema a un tribunal, ya que había un acuerdo firmado y aceptado previamente.

Las posturas

EL UNIVERSAL buscó una entrevista con el secretario de Desarrollo Rural de Colima en su calidad de presidente del Consejo Forestal, pero ésta fue negada, argumentando que el tema lo está llevando el gobierno federal.

Por su parte, los integrantes de la Asociación de Productores Unidos de Colima, encabezada por Arnoldo Vizcaíno, cuestionan la actuación del Consejo Forestal de Colima y consideran que hay interés de las autoridades federales o estatales por favorecer a la mina, por lo que su organización también buscará caminos para impedir la devastación de más hectáreas de bosque.

Ante estos señalamientos, la minera emitió un comunicado en el que niega estar involucrada en cualquier presunto acto de corrupción y aseguró que el nuevo proyecto sólo impactará 128 hectáreas del territorio que ya tiene Peña Colorada y éste se irá reforestando gradualmente.

Además consideró irresponsables los señalamientos respecto al valor del negocio que implicaría la explotación del nuevo proyecto, pero no precisó a cuánto asciende éste.

También negó tener algún adeudo con el municipio y aseguró que cumple puntualmente con el pago del impuesto minero, del que se designan en promedio 15 millones de pesos para Minatitlán cada año.

“Peña Colorada no se dejará presionar a partir de información falsa o descontextualizada. Peña Colorada hace un llamado a las voces que desinforman a la población a encontrar la cordura y la sensatez, e invita a quienes realizan de manera irresponsable afirmaciones descontextualizadas y fuera de la realidad al diálogo abierto, sereno y genuino”, señala el documento.