Hacienda y Banxico: Diferencias que se ahondan

Samuel García

Manuel Sánchez González dejará el Banco de México este 31 de diciembre, así que en los próximos días el presidente Peña Nieto deberá proponer a al Senado a la persona que sucederá a Sánchez en la Junta de Gobierno del banco central.

El relevo de Sánchez González es clave en la actual Junta y la tensión se ha hecho notar más allá de los muros del Banco de México y del Palacio Nacional.

Manuel Sánchez, un economista regiomontano formado en la Universidad de Chicago, fue designado subgobernador del banco central en mayo de 2009 a propuesta del presidente Felipe Calderón. Su encargo concluye este fin de año y no es sujeto de ser propuesto para un segundo periodo, dado que la ley del Banco de México establece que los miembros de la Junta de Gobierno no deben tener más de 65 años cumplidos al iniciar su periodo en el cargo. Sánchez González cumplió 66 años en julio pasado.

La llegada del ex ejecutivo de BBVA Bancomer a la Junta de Gobierno de Banxico se dio al término del periodo de Everardo Elizondo, también un ex ejecutivo del banco español cuando Guillermo Ortiz era el gobernador del banco central.

Así que en aquel momento el relevo se consideró como un cambio de un analista económico proveniente del sector privado, por otro. Ninguno de los dos tuvo antecedentes de haber laborado en el sector público federal, ni fue funcionario del banco central como ocurre con la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno desde que el Banco de México es autónomo.

Everardo Elizondo fue incómodo para Guillermo Ortiz: Un economista competente, con un lenguaje directo y cuestionador. Un estilo nada acomodaticio para un gobernador con ambiciones políticas como Ortiz. Guardadas todas las proporciones su sucesor, Sánchez González, tampoco ha sido un miembro cercano al gobernador Agustín Carstens. Todo lo contrario. Considerado como un “halcón” de la Junta, al igual que Manuel Ramos Francia, por su defensa del objetivo de inflación por encima de cualquier otra consideración en la definición de la política monetaria; su sucesor tendría que guardar características similares para mantener los equilibrios en la cúpula del Banco de México.

Pero ahora las cosas son mucho más complejas que en 2009. El Banco Central enfrenta –en medio de una situación económica global confusa y altamente riesgosa- una fuerte depreciación del peso frente al dólar y, por lo tanto, presiones inflacionarias que pueden descarrilar su objetivo de estabilidad de precios que le marca la Constitución.

Ello, mientras que la política fiscal implementada por el gobierno federal en los últimos años, se convirtió en un verdadero ‘fuego amigo’ para sus objetivos de mantener la inflación bajo control. De allí la insistencia de la Junta de Gobierno de que el gobierno federal ejerza medidas mucho más convincentes para la comunidad de inversionistas en términos de la reducción del gasto público, del alcance de los objetivos de consolidación fiscal, del saneamiento de Pemex, y de reducción del déficit externo que preocupan seriamente a las agencias calificadoras, a los inversionistas y a los analistas que tienen sus ojos puestos en México.

La incredulidad en la palabra del secretario Videgaray, le hizo renunciar hace poco; y ahora el secretario Meade ha seguido –aunque con mejores formas- el mismo camino que no convence a la Junta de Gobierno que representa Agustín Carstens.

Así, el Banco de México se ha convertido en un inusual crítico del ejercicio de la política fiscal del gobierno, particularmente hacia 2017-18 cuando las prioridades del gasto público pasan por los filtros electorales, como lo han señalado diversos analistas del sector privado.

Ante el silencio complaciente del gobierno federal frente a los riesgos económicos que entrañaba la elección presidencial en Estados Unidos, Carstens dijo la semana pasada que el Banco de México no dudaría en elevar la tasa objetivo y que estaba “discutiendo” con el secretario de Hacienda la implementación de un plan de contingencia. Una declaración que mostró las diferencias de apreciación y de ejecución de las políticas entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda en momentos en que ‘el horno no está para bollos’. Las diferencias más notables entre ambos tienen que ver con el nivel de la tasa objetivo y el monto de los remanentes que entregará el banco central al gobierno.

En medio de estas diferencias, incluso públicas, la elección del sucesor del subgobernador Manuel Sánchez se ha convertido en un asunto relevante porque tendrá que ser el presidente Peña Nieto quien lo proponga al Senado.

Claro que Carstens tiene peso sobre esta decisión y su favorito es el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher, quizá el economista más experimentado y reconocido en Hacienda, por lo que para Meade sería una baja sensible en un momento complicado. La otra opción de Carstens es Lorenza Martínez Trigueros, actual directora de riesgos y del sistema de pagos de Banxico. Pero, sin duda, su opción es Messmacher.

El asunto es que las diferencias entre la Junta de Gobierno de Banxico y Hacienda han crecido en el peor momento para el país. Un conflicto que, me temo, no bajará de intensidad en lo que resta del sexenio.

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