Marcelo, el Metro y un verano en NY

Mientras Marcelo Ebrard ya dejó la Ciudad Luz y en estos momentos radica en Nueva York, en el departamento de un buen amigo suyo, aquí en México la ausencia del ex jefe de Gobierno se llena con indicios y filtraciones que apuntan cada vez más a que la “persecución política”, denunciada por él mismo, empieza a tornarse en persecución judicial. A la revelación de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP investiga a cercanos de Ebrard por “lavado de dinero” y les ha congelado ya cuentas bancarias, se suma la polémica sobre el Metro y la Línea 12, calificada por su enemigo Joel Ortega, como “un gran fraude a la ingeniería mexicana”.

El nuevo embate contra Marcelo llegó por dos frentes. Por un lado, desde el gobierno federal, donde está claro que quieren cobrarle facturas políticas al ex gobernante capitalino, y desde el GDF, donde el director del Metro declaró a EL UNIVERSAL no sólo que sigue sin aclararse el “gran fraude” de la Línea 12, sino que indirectamente culpó a la administración ebrardista de un rezago de 30 mil millones de pesos que dejaron de invertirse en el Sistema de Transporte más importante de la ciudad.

En el primer caso, la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no deja dudas de que desde Los Pinos están buscando documentar un supuesto enriquecimiento ilícito de Ebrard y su círculo más cercano, al investigar y congelar las cuentas bancarias de su ex esposa Mariagna Pratts, quien radica en Cuernavaca, y a la empresa constructora Enalser, arrendadora de la casa que habitaba Marcelo en la colonia Roma antes de abandonar el país y cuyo propietario Sergio Fuentes Calderón es socio de su hermano Enrique y cercano a la familia Ebrard.

Que sea precisamente esa unidad la que investiga al primer círculo ebrardista no son buenas noticias para Ebrard. La UIF de Hacienda es vista como el “brazo político” del gobierno de Enrique Peña Nieto y ha sido utilizada en varias investigaciones contra “enemigos políticos” del grupo gobernante. Fue precisamente la UIF la que armó y documentó las acusaciones de “lavado de dinero” que se le hicieron a la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, y por las cuales se encuentra en prisión desde febrero de 2013, y su titular, Alberto Bazbaz, no sólo es aquel polémico ex procurador mexiquense que no encontró a la niña Paulette en los pies de su cama, sino también un fiel e incondicional operador del Presidente.

El otro frente antiebrardista es el mismo que lleva abierto hace 15 meses cuando se decidió cerrar la Línea 12 por “fallas e irregularidades graves en su diseño y funcionamiento”. No es de extrañar que haya sido precisamente Joel Ortega quien haya reactivado un tema que el gobierno del DF parece no querer procesar, pues a pesar de los informes de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Legislativa del DF que desde hace varios meses pidieron “iniciar las investigaciones penales para deslindar responsabilidades” por diversas irregularidades detectadas en la llamada Línea Dorada, el tema simplemente no ha avanzado en la administración capitalina.

Tal vez por eso Miguel Ángel Mancera salió a deslindarse de las declaraciones de su director del Metro, cuyos comentarios, dijo, “son a título personal”. Mancera consideró que “la Línea 12 no es un fracaso de la ingeniería mexicana”, como afirmó Ortega y dijo que el servicio se reanudará a más tardar en noviembre. La desautorización del jefe de Gobierno a Ortega abona a las versiones que dicen que el director del STC es uno de los funcionarios que saldrá del gabinete mancerista en los cambios y ajustes que se preparan en el Palacio del Ayuntamiento, y eso explicaría por qué Joel quiso darle un último golpe a su archienemigo Ebrard.

Como sea, mientras Marcelo cambió Champs Elysées por la Quinta Avenida y Central Park, para Miguel Ángel Mancera el Metro no dejará de ser un dolor de cabeza. Más allá de que no haya querido investigar las irregularidades de la Línea 12, al jefe de Gobierno del DF ya le viene otra bola de fuego en el Sistema de Transporte Colectivo: los 22 diputados locales que integrarán la fracción de Morena se reunieron el pasado martes y acordaron que su primer iniciativa en la ALDF, a partir del 14 de septiembre, cuando se instala la VII Legislatura, será para bajar la tarifa del Metro de 5 a 3 pesos, con lo que anularían el incremento de 2 pesos que tanto le costó electoralmente al PRD. Y tienen la mayoría para aprobarlo.

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