Más Información
El alto costo que ha pagado y seguirá pagando Enrique Peña Nieto por el caso Ayotzinapa —un asunto que lo perseguirá incluso después de su sexenio— tiene responsables directos. Funcionarios, colaboradores y asesores cercanos del presidente fallaron, mintieron o se equivocaron al calcular el impacto social y político que tendría la desaparición y muerte de 43 estudiantes normalistas, y al recomendarle al jefe del Ejecutivo federal no intervenir en las investigaciones hasta 10 días después del 26 de septiembre de 2014 porque, le decían a Peña, “es un asunto local y lo tiene que atender el gobernador del estado”.
Personajes como el entonces jefe de la Oficina Presidencial, Aurelio Nuño Mayer, o el procurador Jesús Murillo Karam, convencieron al presidente de que no había razón para intervenir en un “problema local” y que sólo le correspondía ejercer su autoridad para que el gobierno estatal, a cargo de su amigo Ángel Heladio Aguirre Rivero, investigara y esclareciera los hechos. Por eso Peña no habló de Ayotzinapa hasta 10 días después de la tragedia; la mañana del 6 de octubre de aquel año lamentó, en una declaración desde Los Pinos “la desaparición y asesinato de los jóvenes” que calificó de “inaceptable” y dijo haber dado instrucciones a su gabinete de seguridad para que “tomemos acciones, participemos, en lo que permita el debido esclarecimiento de los hechos, encontrar a los responsables y aplicar de manera estricta la ley”.
Durante esos 10 días transcurridos, en los que el gobierno federal minimizó lo ocurrido, lo único que hizo Peña Nieto fue pedirle a su secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, que hablara con su también amigo, Ángel Aguirre, y le pidiera que informara de la investigación. Una versión dice que, en las dos llamadas que el mismo Osorio reveló después que cruzó con Aguirre en las primeras horas, éste afirmó que los jóvenes habían sido secuestrados, pero que varios estaban vivos; además el secretario le pediría también al gobernador “vigilar a los Abarca”, aunque finalmente Aguirre no sólo se burló de Osorio, sino que, según testimonios, también ayudó a José Luis Abarca y a su esposa.
Pero mientras en Los Pinos Nuño convencía al presidente de que no había de qué preocuparse, en Guerrero avanzaban las investigaciones a cargo de la fiscalía estatal, entonces estaba al frente Iñaki Blanco. Información sobre los hechos fue enviada por el funcionario estatal a Murillo Karam. Le reportaron sobre las horas de lo ocurrido —entre las 9 y las 9:30 de la noche—, sobre el “quinto autobús” que presuntamente iba cargado de droga y sobre la forma en que los policías de Iguala detuvieron y dispararon contra los normalistas indefensos, a pesar de que varios de ellos salieron de los camiones con las manos en alto. Hay incluso correos, oficios y mensajes en los que, desde el gobierno estatal se informó a la PGR y a su titular de la gravedad de los hechos y de la presencia “fuerte” del narcotráfico en la región y la total infiltración del Cártel Guerreros Unidos en la Policía y presidencia de Iguala.
Pero nada de eso alteró a Jesús Murillo que se resistió en ese lapso a atraer la investigación; todavía el 10 de octubre dijo que la PGR tendría sólo una participación “pericial” y no de atracción del caso. Desde ahí las investigaciones federales, iniciadas 10 días después (cuando las escenas del secuestro, los tiroteos y los crímenes habían sido alteradas) omitieron muchos de los testimonios y declaraciones que recabó en ese tiempo la fiscalía estatal, lo que llevaría después a Murillo a cambiar totalmente la versión del móvil —“iban a tratar de interrumpir el evento de la presidenta del DIF”— las horas y minutos de lo ocurrido aquel 26 de septiembre —“llegaron a Iguala entre las 13:30 y las 14:00 horas— y a eliminar de la investigación datos trascendentales como el del “quinto autobús”, para construir su cuestionada y rechazada “verdad histórica”.
En todo ese proceso el presidente fue mal informado y mal aconsejado por colaboradores y asesores. Pero lejos de percatarse, el aislamiento y la soberbia, lo llevaron a creer ciegamente en sus cercanos, tanto que a Nuño lo premió haciéndolo secretario de Educación Pública y a Murillo Karam lo protegió del escándalo aceptando su renuncia al gabinete 10 días antes del informe del GIEI que evidenció su fallida y distorsionada investigación. Hoy dos de los que engañaron al presidente están tranquilos mientras que a Peña, Ayotzinapa lo perseguirá por el resto de su gobierno y de su vida.
sgarciasoto@hotmail.com
