El árbitro tuvo miedo de sacar la roja

La polémica decisión del INE, por mayoría de siete consejeros, de no quitar el registro al PVEM por considerarlo “una pena excesiva” y por supuesta “protección a los derechos de los militantes” equivale, utilizando el símil de un partido de futbol, a un árbitro miedoso y cobarde que, por cautela, no quiso sacar la tarjeta roja a un jugador que sistemática y deliberadamente incurrió en faltas graves y juego sucio. En vez de aplicar la pena máxima de la expulsión por acumulación de faltas y amonestaciones, el árbitro electoral, optó por dejar el asunto en multas económicas al jugador que violó todas las normas, lo que al final premia el “anti fair play” en la democracia electoral mexicana.

Los consejeros “ciudadanos” del INE perdieron así la oportunidad de demostrar su autoridad y alejarse de la sospecha y el descrédito que los ubica como “leales” al sistema y en particular al Presidente, pues el partido al que concedieron la clemencia para mantenerse con vida es precisamente el partido aliado de Enrique Peña Nieto y del gobierno, cuyos triunfos en las pasadas elecciones fueron planeados y financiados desde el mismo gobierno federal como una forma de apuntalar al PRI y de frenar el crecimiento de otras opciones políticas de oposición como Morena.

Es decir, que con su fallo y supuesta “justedad” y “protección al sistema democrático”, los siete consejeros que defendieron el registro del Partido Verde, a saber Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela, Beatriz Galindo, Marco Antonio Baños, Benito Nacif y Enrique Andrade, en realidad lo que hicieron fue legitimar una estrategia ilegal diseñada y auspiciada desde el gobierno federal, que deliberada y abiertamente se propuso posicionar al PVEM, mediante la violación de tiempos, normas y prohibiciones electorales, para obtener votos y preferencias, con lo que ese partido afectó principios básicos de la contienda electoral por los que debe velar el INE como la equidad, la legalidad, la certeza y la trasparencia.

En vez de eso —autoerigidos en jueces que interpretaron la ley más que en árbitros encargados de aplicarla— los consejeros que salvaron al Verde esgrimieron argumentos justificatorios para no aplicarle la máxima sanción y sostuvieron que las multas económicas, que además les rebajaron de 72.8 a 39.9 millones de pesos (32.9 millones menos por una sentencia del TEPJF), fueron un castigo suficiente. “Es una falacia hablar de impunidad que literalmente significa falta de castigo, pues el partido ha sido castigado”, dijo en su defensa el presidente del INE, Lorenzo Córdova, para quien la expulsión es “una válvula que no debe abaratarse” porque debe usarse “sólo en casos extremos”.

Ciro Murayama fue otro de los que ayudaron a justificar la permanencia del PVEM: “Las sanciones acumuladas evidencian que impunidad no hubo ni habrá del Verde; aunque no declararle hoy la pena de muerte, no implica que quede libre de castigo. Ahí están las sanciones que irá pagando y que representan casi dos años de su financiamiento público”, dijo el consejero. ¿Acaso ignora Murayama que ese financiamiento lo pagan los ciudadanos con sus impuestos y no le cuesta al partido? ¿Cree que al PVEM le afectaron sus “multas” y que no tiene otras fuentes de financiamiento —incluido dinero público estatal y federal— para financiar campañas y ganar elecciones como lo hizo en Chiapas aún en medio del “castigo” del INE?

Al final el criterio del INE ignoró la “reincidencia” en la conducta ilegal del Partido Verde, un principio básico que en cualquier sistema penal y sancionatorio es una “agravante” y que en la mayoría de los casos lleva a aumentar el nivel de la pena si el delincuente vuelve a cometer el mismo delito por el que ya había sido castigado. El mensaje para los ciudadanos de los “consejeros ciudadanos” es que en este país violar la ley y burlarse del Estado de derecho es algo que si llega a castigarse —en un sistema donde el 98% de los delitos quedan impunes— se puede resolver con dinero si se tiene esa capacidad. El Partido Verde la tuvo. Y con dinero de los contribuyentes y la ayuda de siete consejeros, libró la pérdida del registro. Una de dos: o el árbitro se acobardó y tuvo miedo de sacar la tarjeta roja o siguió la consigna de que no debía sacarla. En cualquier caso este INE le dio carta de validez al juego sucio; y así llegaremos a 2018.

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