El tribunal manchado

Diez años tomó al país rediseñar y perfeccionar al máximo juez de la contienda política —el tribunal federal electoral— con el propósito de evitar otra crisis como la desatada por la sucesión presidencial de 2006, que trajo una polarización social de la que aún no salimos.

Pero a los partidos representados en el Congreso les bastaron unos cuantos días para manchar el proceso con ajustes producto de caprichos y complicidades: pactaron designaciones de magistrados, impulsaron a recomendados y, para rematar, alteraron tardíamente la vigencia de los nombramientos, contra advertencias generalizadas de que ello viola la Constitución y provoca que los nuevos jueces lleguen cuestionados, cuando 2018 ya está a la vista.

El Senado y la Cámara de Diputados votaron al vapor una forzadísima reforma que, a decir de expertos, atropella la Constitución por múltiples vías e incuba acciones de inconstitucionalidad contra la propia reforma y contra los magistrados que ya rindieron protesta y hoy viernes darán inicio a sus tareas con la designación de quien presidirá ese cuerpo desde ahora y durante las próximas elecciones presidenciales.

La reforma pasó a marchas forzadas ayer en San Lázaro. En la noche se produjo —también fast track— la promulgación y publicación, buscando empatar los tiempos del inicio de trabajos de la nueva generación de integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que lo son desde hace días, cuando rindieron protesta. Se rumoraba incluso que los designados serán llevados a rendir hoy, nuevamente, protesta.

Ni en el Senado ni en la Cámara Baja hubo un debate real sobre el tema ni una explicación verosímil por parte de los líderes parlamentarios, lo que generó indicios de que la reforma fue ordenada desde la administración Peña Nieto y que los motivos de la misma pertenecen al ámbito de lo que no puede confesarse en público.

Todo el proceso culminó una reforma constitucional generada entre 2007 y 2008, de la que se derivó una ley. En ambas se establece que los nombramientos serán escalonados, y con esas reglas se desahogó el mecanismo de convocatoria de aspirantes, integración de las ternas por parte de la Corte y aprobación en la Cámara Alta. Un esquema que constitucionalmente obliga la participación de dos Poderes fue burlado por sólo uno de ellos.

Existe consenso en que la Corte hizo un trabajo razonablemente positivo, si bien relegó a expertos en el tema y dejó que se colaran dos recomendados del poderoso consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos: Felipe Alfredo Fuentes y Berenice García Huante. El exceso hizo que esta segunda no pasara el filtro del Senado.

Los nuevos magistrados deberán nombrar en su primer día de labores a quien ocupará la presidencia del tribunal, y ahí ha surgido otro riesgo que, de consumarse, ahondaría la mancha de origen en esta generación de jueces electorales.

Los conocedores aseguran que son dos los finalistas para el puesto. La primera, Janine Otálora, que ostenta una sólida trayectoria judicial, con énfasis en el tema, además de una personalidad firme. Se le identifica con el magistrado saliente Manuel González Oropeza, pero no se le atribuye ninguna militancia partidista. Sus credenciales impresionaron incluso al PRD en la Cámara Baja, por lo que logró un apoyo unánime.

El segundo es Felipe de la Mata Pizaña, quien se ligó al tribunal durante la presidencia de José Luis de la Peza (1996-2000), tras cuya muerte en 2005 fue arropado por el magistrado Alejandro Luna Ramos, que lo condujo en toda su trayectoria posterior.

Como De la Peza y el propio Luna Ramos, De la Mata es un personaje conservador y católico activo, sobre el cual abundan testimonios. Se le atribuye un alto rango dentro del Opus Dei, de lo cual este espacio no pudo recabar confirmaciones formales. Sí se han detectado textos suyos en el sitio digital Catholic.net, el cual trabaja, dice el propio portal, “a favor de la presencia de Dios en el mundo”.

Senadores consultados para elaborar esta columna dijeron que recibieron llamadas de las principales televisoras del país para apoyar la designación de De la Mata como magistrado electoral, un antecedente delicado considerando los enormes intereses de esa industria en los temas electorales.

Es posible que contra lo avanzado en una década de conflictos, nos encontremos ante el riesgo de estar presenciando el torcimiento de un árbol que todos deseamos sólido. Y que ello incube el huevo de la serpiente de una nueva crisis electoral en 2018.

APUNTES: José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Javier Laynez, el menguado grupo de ministros de la Corte con orientación liberal, garantista, concentrarán la atención en la sesión de este lunes. Sus cuatro votos serían suficientes para frenar la propuesta de sentencia de su colega Alberto Pérez Dayán en materia de Derecho de Réplica, que alentaría una ola de demandas contra medios de comunicación y restringiría la libertad de expresión, según han alertado organismos de la industria como la SIP y medios como EL UNIVERSAL.

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