El mayor de infantería Ricardo Lara Aguilar y la soldado Lluvia Ana Vargas Truché fueron encarcelados el sábado 14 de marzo pasado en el Campo Militar No. 1 de la Ciudad de México. La acusación: falsedad de declaraciones sobre la tortura infligida a una detenida por soldados y policías federales, grabada en video y filtrada a redes sociales, para desatar un escándalo que obligó al general secretario de la Defensa Nacional a ofrecer disculpas públicas.

Mediáticamente, el asunto terminó con las disculpas del general Cienfuegos. En tribunales, empero, sigue su curso. En ese ámbito, el hecho más reciente es la referida captura de estos dos militares, que se suma a otras cinco realizadas después de que “fuego amigo”, que no podría tener otro origen que el propio Ejército, circuló las brutales imágenes que documentan el uso de la tortura por fuerzas federales.

Esas otras cinco detenciones son las de la soldado Dulce Elena Reyes Ramos (la que apuntaba con su arma de alto calibre a la cabeza de la inerme detenida); su superior, el capitán Juan Carlos Limón Portillo; y los policías federales, Karina Conde Cedillo (la que realiza simulacros de asfixia durante el interrogatorio), Miguel Ángel Arcos Alvarado y José Antonio Vera Palma.

Las declaraciones ministeriales de los militares procesados, mostradas por la abogada de la soldado detenida y también referidas en el blog de información militar y seguridad nacional Estado Mayor, dieron lugar a la captura del mayor Lara Aguilar y la soldado Vargas Truché y permiten, además, reconstruir parte de lo ocurrido.

El miércoles 4 de febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, fueron detenidos en un operativo conjunto del Ejército y la Policía Federal: Elvira Santibáñez Margarito, de 23 años; José Villalobos Díaz, de 32; y Juan Hernández Villa, de 35. Estaban en posesión de un arsenal: cuatro armas largas (AK47 y AR15), una pistola 22, nueve cargadores y 189 cartuchos útiles; dinero en efectivo y equipos de comunicación.

De acuerdo con las declaraciones recabadas en la indagatoria, por uno de esos aparatos los militares del 12 Batallón de la Policía Militar (partícipe entonces en el operativo especial “Iguala” puesto en marcha en diciembre de 2014), se enteraron de que grupos delincuenciales (a saber La Familia Michoacana), preparaban el asalto, para rescatar a los detenidos, a la Base de Operaciones Mixtas (BOM) establecida ahí en Ajuchitlán.

Mientras en la BOM se formaban barricadas con vehículos militares y de la Policía Federal para repeler un ataque que nunca ocurrió, el mayor Lara Aguilar (quien por su rango era el responsable del sector Ajuchitlán), se presentó, acompañado, junto con la soldado Vargas Truché, al lugar donde estaban los detenidos. Ahí le ordenó al capitán Lara Limón que sacaran a los detenidos para llevarlos a otro lugar.

Las declaraciones ministeriales coinciden en que se dirigieron a las afueras del poblado en un convoy de unidades del Ejército y camionetas de la Policía Federal. “Al llegar a una glorieta se detuvieron, bajaron a los tres detenidos y los metieron a una casa que estaba en obra negra”, dice uno de los declarantes.

Otro declarante asegura que se ordenó (no dice quien) a la soldado Reyes Ramos y a la agente federal Conde Castillo, que interrogaran a la detenida Elvira Santibáñez Margarito. Detrás de la cámara estaban el capitán Limón (quien lo niega al asegurar que se quedó afuera en uno de los vehículos) y los agentes federales Vera Palma y Arcos Alvarado.

Cuando se realizaba el interrogatorio, el mayor Lara, siempre acompañado de la soldado Vargas Truché, llegó, dicen los declarantes, a hacerla del “policía bueno”, le dijo a Elvira, la interrogada y torturada, que se calmara, que dejara de llorar y que les dijera dónde estaban el resto de sus cómplices.

Al día siguiente, el jueves 5 de febrero de 2015, la torturada Elvira Santibáñez fue ingresada junto con sus cómplices al penal federal de Nayarit y luego trasladada a un penal de Morelos. Ahí ha sido llamada a comparecer en las primeras diligencias contra el capitán Limón y la soldado Reyes Ramos. La abogada de esta última asegura que Elvira no ha reconocido a su defendida como la autora de presiones y torturas. Es más, asegura que fue un hombre, no una mujer.

Hasta ahora nadie ha dicho quién realizó la videograbación y menos quién la filtró.

Los cuatro militares enfrentan cargos de desobediencia y falsedad de declaraciones en el fuero militar. En el civil, dos de ellos (el capitán Limón y la soldado Reyes Ramos), enfrentan cargos por tortura junto con los tres agentes federales detenidos.

rrodriguezangular@hotmail.com

@RaulRodriguezC

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