De Fuerzas Armadas y policías

El 29 de marzo, en el foro Debate por la Seguridad Pública: Seguridad Interior y Reforma Policial, organizado por Causa en Común y la Red Nacional por la Seguridad, convocamos a legisladores, servidores públicos, académicos, expertos y sociedad civil a exponer sus perspectivas respecto a estos dos temas fundamentales.

Existe un alto nivel de acuerdo en que se deben regular las funciones de las Fuerzas Armadas, y en que su intervención en materia de seguridad pública debe ser de carácter extraordinario y claramente definido, ya que se trata de una función fuera de su naturaleza constitucional.

Derivado del análisis de las iniciativas, principalmente de las más acabadas, diversas organizaciones de la sociedad civil expresamos nuestra preocupación sobre aspectos puntuales en las que destacan:

—La confusión entre los conceptos de Seguridad Pública, Seguridad Interior y Seguridad Nacional genera ambigüedad en la funciones de cuerpos civiles y militares.

—Falta claridad en la denominada “declaratoria de afectación” de la Seguridad Interior, sin que medie aprobación o supervisión del Congreso.

—No se establecen controles y mecanismos de rendición de cuentas de las acciones y operativos implementados por las Fuerzas Armadas.

Por lo anterior, se propuso que la intervención de las Fuerzas Armadas en funciones de Seguridad Interior/Pública, debe ser acotada a escenarios específicos y delimitados, claramente justificados por su carácter extraordinario; y su regulación debe contemplar controles y mecanismos de rendición de cuentas. Asimismo, deben preverse costos operativos, presupuestales y políticos para las autoridades que no cumplan con su función de seguridad pública y recurran al apoyo federal.

En el Foro, también se discutió el hecho de que, si no construimos Policías profesionales capaces de hacerse cargo de la seguridad pública, el apoyo de los militares seguirá siendo la opción más rápida y económica para los gobiernos, sin que ello signifique la construcción de capacidades institucionales ni costos para quienes incumplan tal responsabilidad.

En este sentido, se recogieron propuestas cada vez más acabadas, entre las que destacan:

—Se reconoce que existen avances en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2008 en cuanto al establecimiento de un modelo policial para todo el país; sin embargo, la ley no se cumple a falta de incentivos adecuados y sanciones.

—Se consideró de la mayor importancia instaurar certificaciones institucionales para las corporaciones, que garanticen su competencia profesional. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública debe afianzarse como un órgano de evaluación eminentemente técnico.

—Una Reforma Policial implicaría una definición precisa de las funciones y facultades policiales en los tres órdenes de gobierno, lo cual contribuiría a solucionar problemas evidentes en términos de mando, jurisdicción y coordinación. El fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas debe ser inherente a un proceso de reforma. Hoy en día no hay consecuencias para el uso político de los recursos públicos en materia de seguridad.

—Finalmente, se propuso la creación de una Comisión Transexenal de Reforma Policial, que implicaría el compromiso del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de la sociedad civil organizada, para revisar el modelo existente y trazar una ruta debidamente calendarizada, y con presupuestos suficientes, para lograr los objetivos de fortalecimiento institucional ya contenidos en la ley.

El foro Debate por la Seguridad Pública: Seguridad Interior y Reforma Policial fue un espacio productivo de propuestas para enfrentar, no sólo la difícil coyuntura que vivimos, sino además para imaginar los horizontes de mediano y largo plazo que cualquier reforma institucional requiere. Agradezco a todos los servidores públicos, especialistas, académicos y organizaciones que participaron. No quitemos el dedo del renglón.

Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera