Me queda claro que, de ser aprobada, la ley de seguridad interior no disminuirá ni la violencia ni el número de delitos, y probablemente tampoco tendrá efectos en el índice de letalidad porque esos no son sus objetivos. Sin embargo, de acuerdo a lo que ayer me dijeron Roberto Gil Zuarth y César Camacho, tampoco pretende eliminar garantías, militarizar al país (más de lo que ya está) o ser una patente de corso para violar derechos humanos al por mayor.

Ernesto López Portillo tiene mucha razón en expresar su preocupación, totalmente legítima, de que estas normas nos conduzcan a una especie de limbo jurídico, aún peor del que ya tenemos, máxime cuando hablamos de un país que no se distingue por el respeto al Estado de Derecho por sus mismas autoridades.

Pero entre posturas tan divergentes como las de los críticos de la ley y las de sus autores, creo que hay un acuerdo relativamente tácito: nadie quiere a los militares con funciones de policías, esa no es su tarea, ni se prepararon ni estudiaron para ello, normalizarlos, que no es lo mismo que regularlos, es una idea con la que parece ser nadie comulga, ni los militares mismos.

Una varita mágica podría permitirnos la creación inmediata de cuerpos civiles de inteligencia y seguridad con gran preparación para enfrentar a las más de 200 bandas criminales que azotan en diversas formas la seguridad nacional, pero la varita mágica no existe ni tampoco los cuerpos civiles con capacidad de reacción ante la amenaza que se vive. Nos queda entonces una Policía Federal que no se da abasto y… los militares.

Ayer, aparecieron once cuerpos en Boca del Río, hace unos días aparecieron otros en Guerrero, diariamente se ejecutan, secuestran y extorsionan a decenas de personas en lugares donde claramente el Estado ha fallado en su garantía de seguridad, ¿es el Ejército y la Marina la solución a los problemas?

Después de diez años con los militares en la calle, los índices de violencia se mantienen prácticamente iguales, con leves disminuciones e inclusive algunos aumentos temporales; culpar al Ejército sería mezquino cuando los gobiernos, de todos los niveles y todos los partidos han sido parte de un juego perverso al delegar toda la responsabilidad de la seguridad en las Fuerzas Armadas.

Creo que los militares han contenido el problema, resolverlo corresponde al Estado mexicano, pero, ¿cómo lo resolvemos?, porque si mañana se repliegan los soldados habría territorios completos que quedarían bajo el poder del crimen organizado, al que por cierto le importan un comino los derechos humanos y la humanidad misma.

Debemos de crear policías civiles con la capacidad suficiente de hacer frente al combate y regular el uso de la fuerza para evitar caer en el juego bestial de la violencia y la saña del más fuerte, debemos generar un sistema de justicia que castigue a los criminales y persiga todo, desde el lavado de dinero y el narcotráfico hasta los homicidios y las desapariciones, pasando también por los excesos en el uso de la fuerza pública; debemos eliminar a los fiscales y jueces corruptos, recuperar la credibilidad de las instituciones, debemos…

Debemos hacer muchas cosas, pero la ley de seguridad interior solamente pretende regular a los militares en la calle y nada más.

DE COLOFÓN.— Le dicen La Loba, anda en Chiapas y “ayuda” a los migrantes falsificando documentos mexicanos.

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