Diez años de balazos

Las palabras del general Salvador Cienfuegos resonaron en el país que ha padecido el Estado de excepción ficticio durante una década: “Esto no se resuelve a balazos”, dijo. Más de cien mil muertos y treinta mil desaparecidos acompañan el cortejo funerario del Estado de Derecho invocado por gobernantes y partidos políticos, en coro de dolientes ante la ausencia del Estado mismo en vastas extensiones de la República mexicana.

Lo dicho ante reporteros y periodistas por el general Cienfuegos reivindica el valor institucional del Ejercito de la Revolución Mexicana; el peso enorme de la obediencia al mando civil y el no haber sufrido México ningún alzamiento militar, ningún cuartelazo, ningún golpe militar, después de la asonada escobarista de 1929. Hace diez años, el 11 de diciembre de 2006, Felipe Calderón ordenó la intervención militar en su estado natal, Michoacán, cuna de Morelos, de Lázaro Cárdenas; de la Constitución de Apatzingán y de la expropiación petrolera en defensa de la soberanía nacional, de la decisión expresa de los tribunales mexicanos. Allá fueron los militares cuya penosa labor ha empañado el bien ganado prestigio de soldados, oficiales y jefes.

En el tembloroso inicio del gobierno cuestionado por la oposición en plantón a lo largo del Paseo de la Reforma, el panista, hijo de panista, partido declarado defensor de la vía legal al poder, desechó el llamado a declarar el Estado de excepción, conforme al articulo 29 constitucional. No voy a ser yo quien declare el fracaso del poder civil, dicen que dijo el mismo que no dudó en declarar la guerra al crimen organizado, al narcotráfico que corroía las instituciones del Estado y corrompía a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, desde la base municipal y local hasta las cumbres del Poder Ejecutivo de la Unión. Todos con minúsculas, como los motivos de Calderón para negarse a solicitar el acuerdo del Congreso y declarar el Estado de excepción para sacar a las tropas de los cuarteles y atender a la extensión geográfica y de tiempo de la suspensión de derechos individuales.

“La guerra de Calderón”, por decisión expresa del entonces Presidente de la República. No se trata de atribuirla a la extrema derecha que hoy reclama victorias electorales en la democracia del capitalismo global. En México hemos logrado el portento de la transición en presente continuo, con alternancias en el poder, un sistema plural de partidos y un sistema electoral garante del sufragio efectivo. Y diez años de balazos, mientras las autoridades civiles eluden cumplir lo que ordena el artículo 29 y buscan el modo de transferir a la reforma de otro artículo constitucional, el 89, la regulación de las tareas de las Fuerzas Armadas al asumir funciones de seguridad pública, tarea de policías y del sistema de procuración de justicia. El Congreso debate la Ley de Seguridad Interior y hacer opaca la distinción entre seguridad nacional y seguridad pública.

Hay que agradecer al general Cienfuegos la firme intervención en defensa de la racionalidad republicana y del imperio de la ley. “Soy el primero en alzar la mano”, dijo, para que el Ejercito vuelva a los cuarteles, “para regresar a nuestras tareas constitucionales”. La seguridad nacional es tarea del Ejercito. Asumir funciones de seguridad pública que corresponden a policías corruptas o incapaces de combatir eficazmente al crimen organizado ha puesto en la incertidumbre a soldados y oficiales, señalados como violadores de los derechos humanos. “¿Qué queremos? Que las Fuerzas armadas tengan un marco (legal) que los respalde cuando tengan que actuar, que no seamos señalados por cuestiones que son propias de las operaciones que realizamos”.

Que les encantaría que la policía hiciera su tarea, dijo. Y ahí, la dura verdad: en diez años no se ha capacitado a las policías, nada se ha avanzado en las reformas de seguridad pública. El vacío legal ha hecho que en ocasiones prefieran no actuar los soldados y prefieran ser sancionados por indisciplina en tribunales militares que procesados por la vía civil. A pesar del nuevo sistema penal acusatorio, hay en el Poder Judicial una “puerta giratoria” que permite a los delincuentes entrar y salir de prisión por fallas al debido proceso legal o con el alegato de presuntas “violaciones a sus derechos humanos”.

El penalista Juan Velázquez advirtió en las páginas de EL UNIVERSAL de ayer sábado 10 de diciembre, que México tiene una de las policías peor preparadas del mundo, es la más ineficiente de América Latina y la segunda más corrupta a nivel mundial. Diez años y no han podido las autoridades civiles formar policías confiables. Hay 400 municipios sin policías, 800 ayuntamientos con policías que apenas terminaron la primaria y ganan el salario mínimo; y 75% de los cuerpos policiacos de todo el país están infiltrados por la delincuencia, expuso el abogado Juan Velázquez. “Sacamos a los militares de los cuarteles porque no tenemos policías, porque son militares, pero cuando actúan como militares y no como policías, los queremos llevar a la cárcel, lo cual es una absoluta perversión”.

Y concluye el penalista: “La CNDH emitió una recomendación por la peor violación cometida por los soldados, el caso Tlatlaya; esa recomendación que nos desacreditó en todo el mundo, particularmente a los soldados, resultó en la liberación judicial de los militares involucrados porque no hubo ni una prueba para llevarlos a juicio...”.

No han faltado quienes den la voz de alarma porque el tono duro, firme del general secretario les pareció una amenaza de “militarización” del país. El marco legal resultante de la Ley de Seguridad Interior es apenas una salida de pie de banco para la clase política empantanada, atenta a la disputa del botín económico en disputa. Felipe Caderón se negó a solicitar el acuerdo del Congreso a la declaración de Estado de excepción; y diez años después hacemos el recuento de muertos ante el vacío, la ausencia del Estado en vastas extensiones del país. La confusión reinante entre seguridad pública y seguridad nacional que desconcertó a Vicente Fox en el año 2000. Y el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis González Pérez, declara que “las Fuerzas Armadas deben continuar en las calles”.

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirma en el Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia, que a pesar de no ser su función constitucional, las Fuerzas Armadas están dispuestas a mantenerse en funciones de Seguridad Pública en tanto los gobiernos locales garantizan contar con cuerpos de policía bien preparados, capacitados y profesionales; que ese es un compromiso que deben asumir todos, no sólo el Presidente. A su lado, Raúl Cervantes, procurador General de la República, comprometido a investigar y llevar ante un juez a varios ex gobernadores, unos en fuga, otros en capilla. Y gobernadores en funciones que confían en la distracción generada por Enrique Ochoa, dirigente del PRI, al actuar como fiscal de un comité de seguridad pública exclusivo para los de su partido.

Tal vez por eso adoptaba poses de estadista decimonónico el tabasqueño gobernador de Morelos. De turno en la Conago, exhibe en espectaculares escenarios federales la manipulación monetaria de los diputados locales de Morelos, dispuestos a cobrar en efectivo su apoyo a Graco Ramírez para revocar, sub judice, el mandato de Cuauhtémoc Blanco en la Presidencia Municipal de Cuernavaca.

Entramos de lleno al tiempo de la ira. Del norte, la amenaza de Trump y el nazifascismo emergente de racistas y xenófobos a la puerta. La corrupción imperante, con 99% de impunidad criminal de este lado de la frontera. Y cuatro gobernadores de la oposición simbólica que se reúnen en Tamaulipas para pedir recursos al gobierno de Peña Nieto y así poder enfrentar las deudas heredadas.

“Van a sobrar sombreros, muchachitos”, decía Pancho Villa antes de la batalla.