El problema es la maldita duda. La desconfianza que tenemos, como ciudadanía, de las versiones oficiales y de las autoridades que tienen el deber de protegernos.

Se llaman ejecuciones extrajudiciales cuando las autoridades (militares, policías) que tienen el monopolio del uso legal de la fuerza abusan de él hasta llegar a matar personas (delincuentes o no, eso se tiene que probar después, es importante recalcarlo) sin provocación.

Suman ya diversos casos: Tlatlaya, Estado de México (el 30 de junio de 2014, donde murieron 22); Apatzingán (el 6 de enero donde murieron 16 civiles) y ahora el viernes pasado en el Rancho del Sol, en Tanhuato, Michoacán (donde 42 civiles murieron y sólo un policía).

En todos los casos hay una distancia muy grande entre las versiones oficiales y los testimonios de algunas de las víctimas que sobrevivieron (algunas de ellas no dan testimonios usando su nombre por comprensible miedo) o por personas luego de recibir el cuerpo de su familiar muerto.

En el caso de Tlatlaya, el gobernador Eruviel Ávila ha tenido que tragarse sus palabras del 1 de julio:

—Podemos ver que el Ejército mexicano actúa con firmeza, con acciones concretas y el gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida y contundente del día de ayer.

Claro, eso sólo fue después del balconeo de Esquire, donde una sobreviviente contó su experiencia. La CNDH después aseguró que de los 22 muertos, 15 habían sido matados a muy corta distancia.

Sobre Apatzingán, ya van dos reportajes de Laura Castellanos publicados en diversos medios que, por decirlo leve, al menos ponen muy en duda la versión oficial. Que están acompañados por documentos, videos, testimonios...

Por lo pronto, sobre Tanhuato, tenemos fotografías que sugieren (no prueban, pero se trata de disipar dudas) siembra de armas en personas asesinadas; declaraciones de familiares que hablan de descomposición del rostro de sus deudos; si bien Monte Alejandro Rubido dice que todos los presentes dieron positivo a la prueba de radizonato de sodio, que determina que sí dispararon un arma, no había suficientes armas para que todos dispararan (¿quizá se turnaron?).

Los tres detenidos, dice Rubido, es que ellos se “rindieron” por lo que están ilesos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya investiga. Tiene un papel determinante, pero aunque respeto sus tiempos, ya van varias investigaciones que nos deben. Para empezar la de Ayotzinapa (que es otro caso de presunto crimen de lesa humanidad: la desaparición forzada), que aún no está lista a casi 8 meses de lo sucedido; ni la de Tlatlaya, ni la de Apatzingán… claro que la de Tanhuato tampoco, es demasiado pronto.

¿A quién le conviene que haya dudas sobre el papel del Ejército, de la Gendarmería, de la Policía Federal? A nadie, creo. O a nadie que esté a favor de la legalidad. Mucho menos a un gobierno que parece que se rehúsa a investigar cuando hay preguntas que por sentido común hay que contestar; cuya duda les conviene a ellos mismos disipar.

Por lo pronto, yo sigo, no sé usted, con la maldita duda.

Hay que reconocerle a Martí Batres que al menos es ingenioso en sus críticas. Ahora dice que quizá el gobierno federal tiene daltonismo o ceguera de color: esta condición de la vista que hace que lo rojo se confunda con lo verde, en algunos casos.

Así, dice el presidente de Morena, se explica que no se vea que el país están en llamas, que bueno tienen más color rojo…

48 mil pesos por noche. Eso es lo que pagaremos los mexicanos por el hospedaje de Enrique Peña Nieto (sólo de él) en el Hotel Sofitel cuando viaje en junio a Bélgica. Una habitación de 132 metros cuadrados. Su comitiva incluye también otra suite por sólo 770 euros, 3 junior suites (500); 4 habitaciones de lujo a 380; 20 habitaciones superiores de 340 y 10 habitaciones dobles...tendrá reservado el piso 7 para su privacidad.

La Presidencia de la República contestó que esto se hace por seguridad, con base en recomendaciones de hospedaje que da el país anfitrión.

Michoacán es otra de las gubernaturas que estará en disputa el próximo 7 de junio. Será una de las entidades donde habrá que poner atención por varias razones. Quizás la más poderosa, aquellas relacionadas con seguridad: la aparición de las guardias comunitarias, las relaciones del hijo del ex gobernador con líderes del narco y los enfrentamientos en Tanhuato.

Por el PAN, y en su segundo intento, va Luisa María Cocoa Calderón Hinojosa, hermana del ex presidente Felipe Calderón.

Fue precisamente en Michoacán donde el último gobierno federal panista inició con los operativos -para algunos guerra -- a nivel nacional para hacer frente a la delincuencia organizada, y que tantos problemas le trajo a nivel internacional.

En mayo de 2015 declaró que de llegar a la gubernatura ya no habría "más fuerza ciudadana, gendarmería, rurales, comunitarios o municipales, no, habrá una sola y yo seré la responsable de todos ellos, me encargaré de su capacitación, de su seguimiento".

En noviembre de 2013, ella denunció que un grupo de integrantes de los Caballeros Templarios habían acudido al Senado de la República para reunirse con integrantes de la Comisión de Seguridad Pública.

Días después, mediante un video, Servando Gómez La Tuta, desmintió declaraciones de Calderón Hinojosa, en el sentido de que funcionarios del gobierno de Fausto Vallejo habrían tenido acuerdos con los Caballeros Templarios (cosa que ahora se comprueba con los videos del hijo de Vallejo).

Esta semana se publicó un reportaje donde se detalla que en los pasados comicios, Cocoa Calderón rebasó en un 664 por ciento el tope de campaña.

Germán Tena Fernández, quien fuera líder del PAN en Michoacán durante la primera campaña de Cocoa Calderón --y quien renunciara a ese partido, ahora es integrante de la campaña de Silvano Aureoles-declaró que él reportó en ese momento los gastos que le entregó la casa de campaña de la abanderada panista.

Por el PRD nuevamente va Silvano Aureoles Conejo. También es su segundo intento por alcanzar el Palacio de Gobierno.

El 25 de enero pasado, Cocoa Calderón denunció que Aureoles realizó tráfico de influencias, mediante llamadas a funcionarios de alto nivel, para que su hermana no fuera consignada: ella viajaba en un autobús donde militares localizaron 25 kilos de mariguana.

Silvano aceptó que en el autobús, que cubría la ruta Huetamo-Morelia, sí viajaba su hermana junto con sus sobrinos, a quien llevaban al doctor. Llamó a la entonces subprocuradora de la PGR, Mariana Benitez para explicarle la situación. Dijo que la llamada fue en el sentido de agilizar la toma de declaración a todos los detenidos, no sólo para ella, debido a que ya habían pasado varias horas en el Ministerio Público.

Su medio hermano, el diputado federal Antonio García Conejo fue uno de los perredistas que rentó un helicóptero para asistir el 5 de abril al arranque de campaña de Aureoles en Zitácuaro, Michoacán.

Hace unos días en redes sociales circuló una foto del candidato perredista en compañía de Brenda Landa Ruiz, presunta integrante de una banda de secuestradores. Él dijo que "me saco miles de fotos y seguramente esta foto tiene que ver con un evento al que yo asistí a un concierto de Joan Sebastian".

Por cierto, el PRI michoacano lo acusa de tener "una cuadrilla de caballos que ya quisiera Joan Sebastian".

Actualmente el PRI estatal lo tiene en la mira porque presuntamente, entre 2013 y 2014, gestionó más de 133 millones de pesos en recursos para Tuxpan, y en los que habrían participado empresas de al menos 4 candidatos a puestos de elección popular. Lo mano que según Agustín Trujillo, líder del PRI estatal, sólo se transparentó el uso de 87 millones de pesos. Los priístas aseguran de que el resto pasó a las campañas electorales.

Por el PRI, el abanderado es el senador con licencia José Ascensión Orihuela Bárcena. Lástima que él, ni Silvano Aureoles, haya presentado sus #3de3 (declaración patrimonial, de conflicto de interés y fiscal), sino conoceríamos qué autos tiene. En agosto de 2012 le llovieron críticas por llegar a una reunión en la Hacienda Los Morales con Enrique Peña Nieto a bordo de un Porsche valuado en 133 mil dólares.

En los últimos días, Jesús Zambrano y la dirigencia nacional del PRD lo acusaron de tener 91 propiedades, entre éstas agencias de autos y gasolineras. Lo cuestionó acerca de los recursos con los que se ha hecho de ellas: "había que preguntarse a cuántos millones de pesos asciende la fortuna de este humilde carnicero y de dónde lo sacó". Pidió a la PGR y a la Secretaría de Hacienda a que realicen una investigación para saber de dónde provienen estos recursos.

Chon Orihuela se ha defendido diciendo que todo es producto de 50 años de trabajo, "¿qué tiene de raro?". El líder del PRI estatal lo ha defendido diciendo que "es una persona que siempre ha transparentado su patrimonio".

¿Alguien le puede decir que no cumplió con su #3de3?

katia.katinka@gmail.com
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