Novedades en los medios

En estos días han surgido varios temas muy relevantes en el sector de medios de comunicación, aquí una radiografía de estos asuntos:

* SCJN impide uso electoral de las estaciones de radio sociales. El día de ayer la Suprema Corte frenó una intentona de tres presidentes municipales —todos ellos de filiación perredista— que pretendían que las estaciones de radio denominadas “sociales” comercializaran abiertamente sus espacios y recibieran cuantiosas cantidades de financiamiento público.

La Ley de Telecomunicaciones permite a las estaciones sociales recibir hasta 1% del total de la publicidad de los gobiernos federal, estatal y municipal, pero los municipios que fueron ante la Corte buscaban dar más dinero a estos llamados “medios sociales”. El PRD incluso, en los últimos 10 años, ha venido operando este tipo de estaciones en los lugares en donde gobierna, a veces montando antenas en los propios ayuntamientos. Con ello, varios de estos medios, aunque lo tratan de esconder, han pasado a operar como medios oficialistas, aunque con banderas de sociales. También se usan como plataforma electoral pues tratan de dar la vuelta a las restricciones electorales del INE.

Hay que recordar que el proceso de asignación de este tipo de concesiones sociales de radio es discrecional y no hay licitación pública de por medio, a diferencia de las licitaciones que sí ocurren para las radio comerciales. Otra diferencia importante es que las concesionarias sociales no otorgan los llamados tiempos fiscales (35 minutos diarios) que sí paga la radio comercial. Pero la idea de los presidentes municipales era seguir con el esquema de tener contenidos afines y, además, que estos contenidos, y hasta su operación electoral, fueran financiados con recursos públicos.

El PRD, en la elección presidencial de 2006, montó una red de estaciones comunitarias/sociales —muchas de ellas clandestinas— para mandar mensajes electorales y tal parece que ahora varios perredistas se estaban preparando para hacer lo mismo, con la diferencia que pretendían usar recursos públicos para su financiamiento, pero es notorio que la Suprema Corte entendió la maniobra y les cerró la posibilidad con un amplio margen de ocho ministros votando en contra de la propuesta de la controversia lanzada por los municipios perredistas, lo que es un logro para el Ejecutivo Federal quién defendió la Ley que se publicó en el 2014.

*Investigación de la Cofece a medios. Esta semana se abrirá una investigación de oficio, por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica que preside Alejandra Palacios Prieto. El tema es que se ha detectado una serie de irregularidades, y hasta colusión de empresas, para ganar los servicios de monitoreo de medios para la elaboración de las síntesis gubernamentales. Según datos en poder de la Cofece son 16 dependencias de gobierno –entre ellas Conagua, CNVB, Conaculta, SEP y Coneval— que arman licitaciones a modo, siempre por invitación restringida, para acabar beneficiado a la misma empresa. Habrá que ver los resultados de esta investigación.

*Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones. La semana pasada se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación de este nuevo organismo federal. Servirá para apoyar la operación de la Red Compartida y será socio de quien resulte ganador de la licitación de la banda de 700 MHz. Ya era pública la creación de este organismo, mismo que será importante para darle viabilidad a la licitación y operación de la Red Compartida y al parecer quien encabezará esta nueva dependencia será Fernando Borjón, quién hace una semana concluyó su encargo como Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este nombramiento apuntalaría un proceso que cada día se ve más complicado.

*Más cuestionamientos a la Ley Electoral y su aplicación en Medios. Ya se ha escrito mucho sobre los diferendos entre comunicadores y concesionarios por la peculiar forma en que se aplica la Ley Electoral por parte del INE, pero ahora dos académicos y experimentados analistas que habían sido invitados a formar parte de la Asamblea Constituyente de la CDMX —en concreto Denise Dresser y Genaro Lozano— declinaron participar en el proceso electoral puesto que ser candidatos a cualquier cargo de elección popular es incompatible con aparecer en medios masivos de comunicación. Tal cual: no existe libertad de trabajo si alguien labora en medios de comunicación electrónicos y aspira a un cargo de elección. Con este criterio electoral la Asamblea de la CDMX se perdió de dos importantes representantes sociales. Así, Dresser y Lozano se une a una larga lista de analistas, comunicadores y actores que han tenido que escoger entre seguir adelante con sus espacios en la radio y la televisión o buscar un cargo de elección.

*Encuestas de Inegi e internet. Los datos que ayer reveló el Inegi, la SCT y el IFT muestran que sigue aumentado el número de mexicanos que utilizan internet en nuestro país (57.4%). Sin embargo, el porcentaje de los que no lo utilizan aún es muy alto y equivale a 46.3 millones de personas sin acceso a esta importante herramienta tecnológica. Lo anterior significa un enorme desafío para el Estado mexicano pues sin esta herramienta no se puede hablar de igualdad para millones de mexicanos.

*Colombia vs. AMX. La subsidiaria de Telcel en Colombia, Comcel, anunció el inició de una reclamación arbitral con el Estado colombiano por violaciones al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y México, luego de la expropiación de algunos activos. En este tema, esperemos que el Estado mexicano –SRE, SCT y el IFT— apoyen los intereses de las empresas mexicanas en el extranjero. Siempre que en México hemos tenido diferendos con empresas norteamericanas el cabildeo desde la Casa Blanca ha sido importante. Así, el gobierno debería abiertamente defender a todas las empresas mexicanas cuando enfrentan a otros Estados en el extranjero.

Twitter: @JTejado