Mis detractores me acusan a menudo de ver siempre la realidad con gafas oscuras, de ser un pesimista profesional, un opositodo, un crítico por simple afán de crítica.

A ellos de seguro les sorprenderá lo que voy a decir hoy: todo va a mejorar en el largo plazo, al menos en los temas de seguridad y justicia.

¿Qué me lleva a decir algo que, a la luz del presente, parece un disparate? Cinco razones:

1. Tenemos más datos que nunca. Hace una década, la información era escasa, infrecuente y poco confiable. Hoy, si bien persisten problemas de calidad, el volumen de información sobre seguridad y justicia es inmensamente mayor. Hay mucho que agradecer al Inegi en la materia. Produce la mejor encuesta de victimización de América Latina y un sondeo trimestral sobre la percepción de inseguridad en decenas de ciudades. Genera censos de gobierno con información utilísima sobre las policías, el sistema de justicia y las prisiones. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública produce cada mes información sobre incidencia delictiva. México es el único país de la OCDE que publica actualizaciones mensuales de ese tipo. No es un logro menor.

2. Contamos con un número creciente de especialistas. En la última década, ha surgido una brillante generación de criminólogos, juristas y científicos sociales que se han acercado al tema de la violencia y la delincuencia desde diferentes ángulos. Entre estos, se cuentan Guillermo Valdés, Eduardo Guerrero, José Merino, Fernando Escalante, Ana Laura Magaloni, Carlos Vilalta, Gustavo Fondevilla, Juan Salgado, Guillermo Trejo, Javier Orozco, Omar García Ponce y Sandra Ley (hay muchos otros, pero no me alcanza el espacio para listarlos a todos; una disculpa a todos los omitidos). Gracias a ellos, no hay declaración oficial o programa público que no pase por el frío examen de la evidencia. Y eso es un activo enorme para el futuro.

3. La densidad organizacional va en aumento. Hace una década, no había más que un puñado de organizaciones sociales dedicadas al tema (México Unido contra la Delincuencia e INSYDE, por ejemplo). Hoy se cuentan por decenas. A nivel nacional, se puede citar (además de los grupos ya mencionados) a Causa en Común, el Observatorio Nacional Ciudadano, Alto al Secuestro, México SOS, México Evalúa, CIDAC e IMCO (de nuevo, disculpas a los omitidos). A nivel regional, están, por ejemplo, CADHAC y RENACE en Nuevo León, el Colectivo Solecito en Veracruz o la Mesa de Seguridad en Ciudad Juárez. No hay casi estado que no cuente con su observatorio ciudadano o su organización de defensa de víctimas. Por último, muchas instituciones de educación superior (el CIDE o el ITESM, por ejemplo) se han convertido en foros privilegiados para la discusión sobre el tema. En breve, hay un núcleo potente de presión pública a las autoridades.

4. La agenda de rendición de cuentas ha avanzado. Empieza a existir un entramado institucional para combatir la impunidad. Está, por supuesto, el aún incipiente Sistema Nacional Anticorrupción. Están las fiscalías (semi) autónomas en algunos estados y su futura contraparte a nivel federal. En algunas policías, empiezan a surgir mecanismos de supervisión externa (la policía municipal de Querétaro, por ejemplo). Falta muchísimo, sin duda, pero la tendencia apunta en la dirección correcta.

5. La población cada vez está más harta de la violencia, la inseguridad, la corrupción, la injusticia y la inseguridad. Así lo muestran todas las encuestas disponibles. Y eso, eventualmente, tendrá efectos políticos.

En resumen, la situación va a mejorar ¿Cuándo? No pronto, pero el momento del cambio llegará. De eso estoy seguro.

Feliz Año Nuevo.

alejandrohope@outlook.com.

@ahope71

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