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El manotazo del general Cienfuegos (II)

Alejandro Hope

Los militares no van a regresar a los cuarteles en el corto plazo. Es necesario aceptar ese hecho, construir fuerzas intermedias y sujetarlas a una legislación robusta

El lunes pasado cerré mi columna con una pregunta: ¿qué hacer si, por falta de alternativas, es imposible enviar a los militares de vuelta a los cuarteles, pero es a la vez indeseable mantenerlos en las calles en el esquema vigente?

Hoy intentaré una respuesta:

El problema central es la escasez de buenas policías. Eso a su vez es producto de la falta de incentivos políticos para construirlas. Se requiere por tanto generar esos incentivos ¿Cómo? Poniéndole un ultimátum a los gobiernos municipales y estatales. O reforman sus policías en un plazo perentorio o las pierden en definitiva y le pagan por la función de seguridad al nivel de gobierno inmediatamente superior. Para ello, se requiere una reforma constitucional en la materia, similar a la aprobada en abril pasado en el Senado (la mal llamada iniciativa de mando mixto), pero con más de dientes, así como una cirugía mayor a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En paralelo, la Policía Federal (PF) tiene que volver a crecer. Ha sido una irresponsabilidad mayúscula del actual gobierno no incrementar el tamaño de esa corporación. Se debe fijar como objetivo tener una PF de 80 mil elementos, dotada de potentes controles internos y externos, para 2024.

Sin duda, se requiere una mejor legislación para regular la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública e interior. Pero lo que se está discutiendo en el Congreso se refiere casi en exclusiva a situaciones de excepción. Es importante tener un marco jurídico para esas contingencias, pero no es suficiente. Los militares no van a regresar a los cuarteles en el corto plazo. Es necesario aceptar ese hecho, construir fuerzas intermedias y sujetarlas a una legislación robusta.

¿A que me refiero por fuerzas intermedias? A una gendarmería de verdad o una guardia nacional o una guardia fronteriza o una guardia costera. Si se crearan, sería posible sacar al Ejército y a la Marina de las tareas directas de seguridad pública, aún si personal con formación militar se mantuviese involucrado en esas labores. Para evitar controversias, esos cuerpos podrían alojarse administrativamente, al menos de inicio, en las dependencias militares (a la manera de los Carabinieri en Italia).

Si las Fuerzas Armadas no van a regresar a los cuarteles en el futuro previsible, es indispensable encontrar fórmulas para fortalecer el control civil sobre el aparato militar. Y eso implica una reforma de fondo a las Fuerzas Armadas. Entre otras cosas, se debe acabar con el anacronismo de tener dos secretarías militares y fusionarlas en una sola secretaría de defensa, la cual debe contar con personal tanto militar como civil. Como corolario de esa reforma, un civil, apoyado en un Estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, debe ser nombrado titular de esa nueva secretaría de defensa. En América Latina, sólo hay dos países que nunca han tenido un civil a la cabeza de su ministerio de defensa: México y Guatemala. Francamente, no queremos estar en esa lista.

Todo lo anterior requiere dinero. En cantidades considerables. Entre 2006 y 2012, el presupuesto de seguridad, defensa y procuración de justicia se duplicó en términos reales (para luego estancarse entre 2013 y 2016). Es probable que tenga que duplicarse una vez más para que empiece a alcanzar.

En resumen, el general Cienfuegos apuntó a un problema a real. Pero la solución no pasa ni por un imposible regreso inmediato a los cuarteles ni por la eternización del statu quo. Hay alternativas. Explorémoslas.

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@ahope71

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