Socava potencial de industria creativa del país la piratería, crece 0.18% en 10 años y propone IMCO más énfasis del Estado

ESTE AÑO LA Cámara Nacional de la Industria del Cine (CANACINE) que preside José Leonardo Martí y que lleva Agustín Torres inició una nueva campaña para sensibilizar al público del daño que genera la piratería a quienes participan en la elaboración de una película.

Hay un cambio de enfoque, puesto que ya no se demerita al “pirata”, partiéndose de la base de que la venta del disco físico ha perdido terreno por el Internet.

El flagelo de la piratería que tiene que ver con el poder de compra, igual afecta a la música y no parece dar ninguna tregua, puesto que hoy 45% de las descargas que se realizan son en sitios ilegales.

El próximo lunes se va a presentar el estudio “Impactos de la Informalidad a la Competitividad en México” realizado por el IMCO que dirige Juan Ernesto Pardinas.

En el documento que fue patrocinado por la Motion Picture Association (MPA) México que recién asumió Ana María Magaña, se pondera que en los últimos 10 años la industria creativa generó un 7% del PIB.

Por desgracia debido a la creciente informalidad ese rubro sólo creció 0.18% en la última década, incluso muy por debajo del avance promedio del PIB del país y que se ubica en un pírrico 2.5% de 1993 al 2012.

En el análisis se conceptualiza a la industria creativa como aquella que produce obra protegida por derechos de autor y que se distribuye.

El IMCO hace ver que la ilegalidad en las redes de distribución física y digital de estas obras que están pertrechadas genera a la postre un desincentivo a la creación artística que incluso termina por dañar al negocio informal.

Si se controlara la piratería, el IMCO estima que se lograría un crecimiento adicional de la industria creativa de hasta del 5% y esto a su vez sumaría un avance del 0.34% al PIB nacional.

El creador, productor y distribuidor de esas obras podría a su vez mantener su capacidad de inventiva que hoy se ve acotada dada la pérdida de rentabilidad.

El IMCO ubica el escenario en el que hoy se mueve la industria creativa como “competencia ruinosa o destructiva por la ilegalidad”, modelo en el que se destruye valor y termina por no remunerar de manera equitativa a quienes intervienen en el negocio.

Esta situación también afecta a otros países de AL y el Estado debe imponer castigos, impuestos, subsidios y esquemas jurídicos en defensa de la propiedad intelectual y reforzar la supervisión coordinada de las autoridades incluso con tecnología.

Se advierte que imponer castigos severos a la postre genera que los jueces terminen por no dictar sentencias y que al final prevalezca la impunidad.

Se señala que algunos expertos incluso sugieren a una autoridad más tolerante con copias ilegales de películas de hace 25 años, pero estricta respecto a los éxitos de taquilla cuya piratería es la que genera más daño.

Se enfatiza en la mayor cooperación entre el gobierno federal y estados y municipios que “tradicionalmente se hacen de la vista gorda” con la piratería.

Los argumentos para justificarse van de lo absurdo a lo cómico. Desde crear empleos hasta la paz social. Lo cierto es que esos mercados ilegales en la mayoría de las ciudades han significado un cáncer para la economía.

El IMCO sugiere reformar los artículos 114, 115 y 116 de la Constitución para que la coordinación de municipios, estados y federación deje de ser potestativa y se convierta en obligatoria.

Debido a la piratería, el IMCO enfatiza que México desaprovecha como país un enorme potencial, máxime que en libros, pintura, arquitectura, música, telenovelas y cine, los mexicanos tienen una enorme creatividad. El problema es que esa veta solamente se materializará en el momento en que nadie robe su trabajo.

En la MPA México se da cabida a seis de los estudios cinematográficos más grandes del planeta como 20th Century Fox que aquí encabeza Juan Carlos Lazo, Paramount que lleva Raúl Bravo, Universal de Mauricio Durán, al igual que Sony, Disney y Warner.

Obviamente falta mayor voluntad política para hacer más en ese terreno.

NO OBSTANTE QUE el año pasado la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) que comanda Enrique Martínez y Martínez trabajó muy en serio para sacar adelante la reforma estructural al campo, al final de cuentas esta iniciativa se rezagó para dar tiempo al desahogo de otros temas que ocuparon espacios importantes en la agenda del Congreso. Hay que reconocer que en las gestiones de cabildeo también se detectaron por ahí ciertas dificultades de carácter político, puesto que ya se sabe que todo lo relacionado con el sector primario está altamente politizado. Como quiera le adelanto que se tiene la firme intención de que en este periodo de sesiones finalmente se retome el expediente. Lo interesante es que se dejarán de lado algunos puntos de tenencia de la tierra para enfatizar en esquemas de organización y sobre todo en financiamiento. A la propuesta se le denominaría Sinergia por la Transformación del Campo. Así que considérelo.

HACE UNOS DÍAS Gerardo Ruiz Esparza titular de la SCT, realizó un recorrido para evaluar la obra de lo que será la ampliación de la carretera de paga México-Toluca, obra a cargo de Pinfra de David Peñaloza. De hecho se trata de una extensión al proyecto original que esta misma constructora edificó. La intención es que esté lista a mediados del 2016. Su avance casi será simultáneo al del segundo piso de la carretera México-Puebla que se terminaría por las mismas fechas y en donde también participa Pinfra con el 50% junto con OHL de José Andrés de Oteyza. Forma parte del paquete que trae la subsecretaría del Transporte que lleva Raúl Murrieta. Esta última obra implicará una inversión de 5 mil millones de pesos en tanto que la vía que va de La Marquesa a Lerma se amplió finalmente 2 kilómetros y serán ya 14 kilómetros. De hecho la inversión se encareció en unos mil 500 millones de pesos y andará en unos 3 mil 700 millones de pesos. Lo que sucede es que el último tramo implica construir un distribuidor que deberá conectar con la carretera que va a Guadalajara y con ello evitar cuellos de botella.

MÁS ALLÁ DE que un juez admitió la demanda de concurso que solicitaron un grupo de inversionistas de la sofipo FICREA, tras el fraude de Rafael Antonio Olvera Amezcua, esto como una opción para tratar de recuperar sus ahorros, luego de que esa entidad fuera intervenida y su permiso revocado, fíjese que la CNBV que comanda Jaime González Aguadé ya lleva 18 resoluciones a su favor de un total de 80 amparos que se interpusieron para cuestionar su actuación. Hay la confianza en que los jueces se mantendrán en esa tesitura en el resto de los procedimientos, algunos de los cuales se han prolongado mucho más de lo previsto.

 aguilaralberto@prodigy.net.mx