Ya no hay mal que dure siete años

A la memoria de Miroslava Breach y de todos los periodistas asesinados

Varios escándalos nos demostraron en los últimos días por qué hay tanto enojo social. Tomo tres, uno por cada Poder, para exponer la corrupción que infesta a México. El primero tuvo lugar en el Legislativo, concretamente en San Lázaro, e involucró a un diputado suplente que intentó tomar protesta y eludir así una orden de aprehensión que se libró en su contra en Chihuahua por el delito de peculado. El penoso affair avivó el repudio popular al fuero, originalmente creado para proteger a los legisladores de oposición de la represión presidencial. Lo he dicho y lo sostengo: debe desaparecer esa inmunidad genérica y conservarse exclusivamente la que salvaguarde la inviolabilidad de opinión de diputados y senadores. Sé del riesgo de que una Presidencia despótica fabrique delitos a sus opositores en el Congreso, pero considero que es mayor el peligro de que esa protección la usen hoy los corruptos. También creo que debe acabarse con el fuero de los gobernadores y del presidente de la República, que tiene otro origen pero está igualmente desvirtuado. Legislémoslo. Que la mayoría no se escude en lo sucedido con un perredista para justificar lo injustificable, que exponga postura y razones. Ahí están las iniciativas, y aquí comprometo mi voto a favor. La bancada priista tiene la palabra.

El segundo escándalo se dio en el ámbito Judicial. Me refiero al amparo otorgado a uno de los acusados de abusar sexualmente de una menor en Veracruz, los tristemente célebres Porkys. La argumentación del juez de que no hubo en el comportamiento de ese muchacho lascivia ni intención de copular es, a la luz de los hechos conocidos, tan ridícula como execrable. El fallo nos recuerda que la corrupción entre los juzgadores es comparable a la de los políticos, aunque de ella poco se hable en los medios. ¿Cuántas corruptelas se cometen en los juzgados y cuántos jueces se castigan? ¿Dónde está el sistema anticorrupción del Poder Judicial?

El tercer escándalo tuvo que ver con el Ejecutivo de Nayarit. El fiscal de ese estado fue detenido en California bajo cargos relacionados con la producción y tráfico de drogas. El encargado de procurar justicia, quien por cierto participaba en el Consejo de Seguridad Nacional y recibía información privilegiada, está ahora bajo proceso en Nueva York. Es una prueba más de un hecho vergonzoso: la única instancia para combatir eficazmente la impunidad de los narcogobernantes mexicanos es Estados Unidos. Fueron presiones o acciones de autoridades estadounidenses las que llevaron al encarcelamiento de un exgobernador de Quintana Roo y a la persecución de dos exgobernadores de Tamaulipas y uno de Coahuila. Aquí se capturan o abaten de vez en cuando capos del crimen organizado, pero a sus cómplices o socios gubernamentales que les permiten delinquir no se les toca ni con el pétalo de una averiguación. Y claro, nuestros vecinos del norte están encantados de hacer ese trabajo: se quedan con el dinero incautado y obtienen información útil para sus pesquisas y para tratar con México desde una posición de fuerza, con los esqueletos del PRI-gobierno sobre la mesa de negociación.

Ante estos y otros escándalos suscitados en nuestro país, ¿hay todavía necesidad de explicar la creciente indignación social y el sentimiento antisistema? Solo en la mente presidencial cabe la idea de que la crisis existe únicamente en la mente ciudadana. Y solo una clase política absolutamente desconectada de la realidad se atreve a conservar un sistema podrido que permite tantas cosas ofensivas e irritantes. No soy ingenuo y no espero que los beneficiarios del establishment se allanen a un imperativo ético, pero sí me sorprende que su instinto de supervivencia no los mueva a frenar un poco su ambición y su avaricia. No me canso de decirlo: ven la tempestad y no se arrodillan. Ahí sigue el grosero uso del aparato del gobierno federal para trampear la elección en el Estado de México a favor del PRI, preludio a escala de las trapacerías que veremos en 2018, y ahí siguen los enormes negocios al amparo del poder. Ah, pero cuando algunos pedimos el cambio de régimen no faltan corifeos que se quejen de nuestra “estridencia”.

Síganle, pues, que se acerca el fin de sus tropelías y de poner a cada quien en su lugar. Ya no hay mal que dure siete años, ni pueblo que lo aguante.

PD: Crisis venezolana. La defensa de los contrapesos democráticos y de los derechos humanos es un imperativo que trasciende izquierdas y derechas. Venezuela, por cierto en el régimen de Hugo Chávez, se dio a sí misma un orden legal que está en riesgo de sucumbir a la lucha política. Celebro que el Tribunal Supremo haya dado marcha atrás a su decisión de asumir las funciones de la Asamblea Nacional y hago votos por que Leopoldo López et al sean liberados. Hoy más que nunca vale hacer un llamado a la solución pacífica del conflicto que está desgarrando al pueblo venezolano.

Diputado federal del PRD - @abasave