Esfuerzo común y coordinado de los tres Poderes de la Unión para una efectiva política de drogas

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictada en el amparo en revisión 237/2014 —promovido por Josefina Ricaño, José Francisco Torres Landa, Armando Santacruz y José Pablo Girault, en contra de la negativa de la Secretaría de Salud para otorgar autorización que permita el consumo personal y de manera regular de la marihuana, con fines meramente lúdicos o recreativos—, una vez que haya formado jurisprudencia, incitaría a despenalizar el uso de la marihuana en disposiciones legales.

Esto significaría que, para autoconsumo, se podría sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, y transportar exclusivamente el estupefaciente “cannabis” y el psicotrópico “THC” y sus variantes estereoquímicas, sin suponer la autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de dichas substancias.

Ahora bien, las resoluciones que la SCJN emita con posterioridad para formar jurisprudencia, tendrán que prever medidas exhortativas de carácter estructural, tales como: la afectación a la salud de los individuos, la salud pública, el orden público, la violencia, la delincuencia y la corrupción.

Lo anterior en virtud de que la sentencia emitida sólo es enunciativa, toda vez que en su contenido no se prevé cómo podría garantizarse el derecho al consumo recreativo de la marihuana, ya que no previó la hipótesis correspondiente para garantizar la adquisición de la semilla o el estupefaciente.

¿Qué se desprende para el Poder Legislativo?

Realizar un amplio debate para, en su caso, expedir una ley general que regule la producción, consumo, control y vigilancia, del estupefaciente permitido, en la que se determinen la cantidad de plantas que una persona puede sembrar para su consumo personal y los espacios en los que se podrá llevar a cabo el autoconsumo.

Asimismo, revisar y modificar los ordenamientos legales relacionados con la política prohibicionista en materia de drogas, como lo serían: la Ley General de Salud, con el fin de permitir el uso lúdico de la marihuana como conducta excluyente del delito; el Código Penal Federal, para establecer las conductas que comprendan el uso lúdico de la marihuana y, por ende, despenalizarlas; la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objeto de hacerla congruente con el sistema normativo penal; y la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, con relación a artículos del Código Penal Federal.

Esto último en consecuencia a la posible despenalización del consumo, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transportación de la marihuana, en el sentido de establecer beneficios a los imputados, procesados y sentenciados que hayan cometido conductas relacionadas con esas hipótesis y que pudieran obtener cumplimientos alternativos o libertades anticipadas.

También reglamentar las posibles formas de uso y abuso, en el marco de la cooperación internacional para el control y la lucha en contra de las drogas.

Todas esas medidas impactarían de manera significativa en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para la implementación de políticas públicas en materia de prevención, control y tratamiento de adicciones.

En el PRD consideramos que la sentencia de la Corte abona en la capacidad de los individuos para ejercer las libertades, pero no es una invitación para que todo mundo consuma marihuana.

De lo que se trata, es que haya un mercado regulado, para incidir en la disminución de la violencia alrededor de la producción, venta y distribución de la yerba; además de que el sector salud pueda disponer de medicamentos asociados a la marihuana para el tratamiento de pacientes que así lo requieran, como la niña Grace Elizalde.

Las políticas prohibitivas en esta materia no han dado resultado porque no han atendido el problema de las adicciones ni han frenado la violencia que se deriva del tráfico de estupefacientes.

Añado un dato ilustrativo: según el Informe Mundial sobre las Drogas 2014, hay más de 180 millones de consumidores de marihuana, y de ellos 4 millones 700 mil en nuestro país; no es poca cosa.

Por ello lanzo una abierta convocatoria para realizar reuniones de trabajo vinculatorias entre los tres poderes de la Unión: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, para que cada uno en sus ámbitos aporte en un esfuerzo común y coordinado para dar el primer paso hacia una efectiva política de drogas del Estado mexicano.

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados (PRD)