Ley chimuela del ‘Tibio’ y Mena

Fue el 7 de junio de 2013, al inicio de la gestión de Enrique Peña Nieto, cuando se promulgó la Ley General de Cultura y Deporte de forma acelerada y abrupta. El presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, Felipe Muñoz, así como el director general de la Conade en ese entonces, Jesús Mena, y el diputado, Gerardo Liceaga; contando con la complicidad y apoyo del Titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra, impusieron esa ley hecha con las patas que tenía como único objetivo desaparecer a la Codeme como un acto de venganza en contra del teniente coronel Alonso Pérez que era el presidente de esa institución.

El mismo Felipe Muñoz que fue presidente de la Codeme de 1994 a 2000, increíblemente justificó la desaparición de esta porque no servía para nada, cuando en su momento de gestión se leía en la prensa cómo él mismo aseguraba que era una de las instituciones más importantes para regular las elecciones y programas de las federaciones nacionales.

Me queda claro que para que la Conade tenga un mejor control de las federaciones era importante crear un organismo que supliera a la Codeme, por supuesto que bajo la supervisión del máximo organismo del deporte en nuestro país, y aparentemente ese era el propósito, razón por la cual se instauró el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (Coved), el cual sólo asumió de manera parcial las facultades que tenía Codeme, ya que su intervención en los procesos electorales no está fin definida por la propia ley. Jesús Mena al frente de la Conade poco hizo para instaurar a ese Consejo y así dar cumplimiento a la nueva ley que él mismo promovió e impulsó, siendo el caso que hasta la fecha dicho órgano de vigilancia no ha sido integrado, dejándose el control de las Federaciones Deportivas Nacionales a la deriva.

Por su parte, el actual director general de Conade desde su llegada pretendió iniciar una férrea supervisión y control de las Federaciones, demasiado mediática pero aún más peligrosa porque debe apegarse a una ley que no le proporciona los elementos y medios de control efectivos para cumplir su objetivo, es decir, su mayor arma resultó ser una ley que no tiene elementos para hacer valer su aplicación, esto es, una ley sin dientes.

Es importante mencionar que a mi parecer, erróneamente se considera que ser presidente de Federación es sinónimo de corrupción, lo cual no es del todo correcto aunque en algunos casos acontece, ya que si bien y al igual que en otros ámbitos de la vida nacional, en el deporte existen malos y los buenos dirigentes, debiéndose ocupar como una prioridad del gobierno federal de combatir y erradicar a los primeros mencionados, quienes utilizan su posición para beneficiarse de manera personal; sin embargo, también existen quienes trabajan en la búsqueda del desarrollo y crecimiento del deporte o de la disciplina deportiva que representan.

La Ley General de Cultura y Deporte es muy clara, las federaciones tienen que alinearse en todos los aspectos, técnico, administrativo y de operación tomados de la mano de la máxima instancia deportiva y no permitir que continúen ejerciendo esa libertad que han tenido los último ocho años, de la cual algunos se han aprovechado y gracias a la cual hacen y deshacen el presupuesto como se les da la gana.

Es importantísimo que la máxima instancia deportiva del país implemente lo más rápido posible el organismo que combata esas irregularidades, de otra manera seguiremos siendo testigos de cómo las federaciones lideradas por el COM llegarán a todas las instancias gubernamentales para desestabilizar al deporte nacional, algo que han hecho toda la vida cuando siente que su “mina de oro” se les escapa.

Profesor.

prensa@anv.com.mx