Castigo al delito electoral

La próxima será una de las elecciones más violentas y sucias que se recuerden en México desde que en 1997 por fin se logró un aceptable nivel de equidad en las contiendas electorales a nivel federal.

Ahora más que nunca se esperaría una fiscalía capaz de castigar los abusos de los actores políticos y de quienes buscan incidir a la fuerza en el voto. Si bien los comicios del 7 de junio son también locales, la Fepade tendría que ser capaz de poner el ejemplo a los órganos de procuración de justicia locales y actuar no sólo contra los pequeños actos fáciles de procesar, sino también otros que sean emblemáticos para que se despeje la idea de que los castigos se aplican sólo a quien carece de poder político para negociar su impunidad.

Hay que tener en cuenta los antecedentes. En el pasado proceso electoral, en 2012, ya con las campañas en marcha, la entonces procuradora general de la República, Marisela Morales, dijo que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) no contaba con las herramientas suficientes para detectar, investigar y castigar todos los delitos electorales. Hasta ese momento, admitió la funcionaria, el organismo se había enfocado más en la investigación de faltas de corte meramente administrativo. La falsificación de credenciales de elector y las irregularidades en cambios de domicilio ocupando la mayor parte de la agenda de la Fepade, mientras que la infiltración de dinero ilícito en las campañas, por ejemplo, no había sido investigado y atacado con la misma intensidad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, dijo que en el actual proceso electoral se han presentado mil 196 denuncias, la mitad de las cuales son por alteraciones en el padrón electoral. Una vez concluidos los comicios sabremos cuántas de dichas denuncias resultaron en sentencias. En pasadas elecciones esa proporción entre expedientes remitidos ante el juez y condenas ha sido considerado por la Fepade como un criterio para determinar la eficacia de la fiscalía. Sería un error continuar el análisis en ese sentido. Finalmente, ¿qué importancia tiene para un partido político o candidato que algunos de sus militantes terminen en la cárcel (con posibilidad de fianza) cuando el fin último de inclinar la balanza a su favor en el resultado electoral no tiene relación con lo que haga o deje de hacer esa área de la procuraduría?

Todo parece indicar que esa debilidad se mantiene. Es verdad que se requieren reformas legales para impulsar las facultades de la Fepade, pero eso ya no es posible por los tiempos legislativos actuales. Con todo, eso no debe ser pretexto para que el Ejecutivo, a través de la PGR, no trabaje, en su ámbito de competencia, por fortalecer a la Fiscalía. La legitimidad de los resultados electorales también depende de ello.