Sin pretextos contra la corrupción

Hasta 10% de la producción total del país cuesta a los mexicanos la corrupción, de acuerdo con el estudio Anatomía de la Corrupción, elaborado por el CIDE y el Imco y presentado apenas la semana pasada. No es exagerado decir que México seguirá siendo un país en desarrollo en tanto sea incapaz de acabar con ese problema.

A partir de ayer se presenta esa oportunidad, con la promulgación de la nueva legislación anticorrupción por parte del presidente Enrique Peña Nieto. No es la primera vez que se anuncia una cruzada contra el terrible flagelo, sin embargo —junto con las nuevas herramientas de transparencia promulgadas también este año— esta vez se cuenta con las “armas” jurídicas para hacerla realidad.

México contará con un Sistema Nacional Anticorrupción, instancia que coordinará los esfuerzos de todas las autoridades relacionadas con el tema y que será supervisada por un comité ciudadano.

Entre otras medidas, por fin se le dieron más atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que ha demostrado ser el más eficaz investigador de los excesos de la clase política, pero limitada por sólo poder vigilar cierto tipo de recursos federales y con un retraso de años en la presentación de sus resultados. Ambos lastres fueron ya eliminados. Como resultado podrán ser castigados más funcionarios públicos y también particulares y empresas participantes en actos de corrupción.

Aun así el reto requerirá más que los esfuerzos ya realizados. En 2014, el Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional ubicó al país en el lugar 103 de 175 naciones. Es decir, tendrán que presentarse resultados rápidos y duraderos para cambiar tan mala imagen.

La ciudadanía intuye una realidad documentada: desde la revisión de la Cuenta Pública 2006 hasta la 2013 sólo se ha logrado recuperar para las arcas gubernamentales 20% de todos los recursos en donde el órgano fiscalizador detectó irregularidades. A esto hay que añadir lo revelado por este diario hace unos meses: apenas 9 funcionarios han sido sancionados en los últimos 10 años por negarse a dar información pública.

Las herramientas recién creadas para combatir la corrupción son poderosas, así lo han reconocido también los especialistas. Sin embargo, apenas es el inicio del camino. Para empezar deben todavía concretarse detalles de suma importancia como la presentación, por parte de la Secretaría de Gobernación, de una Ley de Archivos, sin la cual no puede existir una verdadera transparencia en el uso de los recursos públicos.

Se acabaron los pretextos, ahora los resultados dependen de la voluntad de quienes se dicen dispuestos a ser auditados.