Más Información
Ha pasado más de año y medio desde la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y cada día estamos más polarizados y lejos de comprender como nación lo que sucedió, para tomar las medidas que eviten volver a tener un evento tan doloroso.
El último informe del GIEI da muestra de que la PGR no integró debidamente las evidencias, que obtuvo declaraciones bajo tortura y que probablemente orquestó un sinfín de omisiones o errores que deberían ser castigados. En síntesis, el informe nos deja una amarga sensación de que lo que nos ha dicho la PGR es una verdad a medias, lo cual es muy grave.
Es claro que la PGR, lejos de cumplir con el mandato constitucional que refiere que el “Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso” ha actuado en sentido contrario.
En su momento nosotros nos pronunciamos a favor de un segundo peritaje y les damos la bienvenida a los organismos internacionales en éste y otros temas, aunque a muchos les resulte incómodo. Sin embargo, sabemos que no podemos aceptar con fe ciega el informe del GIEI, otorgándole toda la credibilidad y sin cuestionamientos. Así como tampoco podemos burlarnos y ser totalmente incrédulos de la PGR por ser gobierno.
El problema ahora es que tenemos un caso que ha sido tan manoseado y con tantos puntos de reflexión que se corre el riesgo de que cada quien crea su verdad. Al día de hoy no puedo decir si creo o no en la cantidad de cuerpos que dicen que fueron quemados, no puedo creer en casi nada de lo que nos han dicho y supongo que al igual que yo, la sociedad está confundida. Porque ni las autoridades, ni los expertos nos dan una razón clara.
Hoy la justicia está polarizada, las percepciones se dividen con verdades a medias por todos lados, lo cual es lamentable, porque la desaparición de los jóvenes es un problema real, no es un asunto de creencias, ni de intereses particulares.
Lo que más nos duele es que la tragedia de Iguala, en lugar de unir a los mexicanos en contra de la delincuencia organizada, nos ha dividido al grado en que lo vimos en Veracruz. Nos dividimos a favor o en contra del gobierno en turno, en tanto los delincuentes son los únicos que siguen libres.
Por ello es que hacemos un llamado a la reconciliación de las partes, poner las evidencias en su justa dimensión y pensar de otra manera, sin descalificaciones que no llevan a ningún lado. ¡Basta de campañas de descalificación! ¡Basta de usar a los organismos internacionales como instrumentos de polarización!
Es momento de que las autoridades federales asuman los errores que se han evidenciado por el GIEI y que quien merezca una sanción la reciba de inmediato. Es tiempo de que las autoridades, en un genuino ánimo de colaboración, actúen en favor de las víctimas y trabajen para mejorar la confianza, que por ahora está desquebrajada.
Las autoridades también deben voltear la mirada a los más de 26 mil desaparecidos que no forman parte de su agenda y pensar en mecanismos que permitan justicia para cada uno de ellos y sus familiares que los buscan.
Sin duda, en la PGR hay peritos y agentes del Ministerio Público con alto reconocimiento internacional que, sin embargo, necesitan proveerse de equipo de análisis forense de alta tecnología y una mayor capacitación para gozar del justo reconocimiento. No obstante, cuando uno de sus jefes, el subprocurador Tomas Zerón, miente abiertamente al involucrar a miembros de la oficina de la ONU y pasar de la “verdad histórica” a la “vergüenza histórica”, el trabajo de muchos se derrumba de manera inaceptable.
Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera
