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La violación a los derechos humanos y la tortura es inadmisible, pero también lo es absolver a imputados donde hay certeza de que cometieron un delito, y dejar a las víctimas vulnerables frente a sus agresores.
Lo lamentable es que hay quienes han tomado posiciones extremas y terminan agravando este debate, pues sólo polariza y no tiene salida. Hay quienes piensan que los derechos de las víctimas son los únicos importantes y no importa si se violan los derechos de los imputados. Pero también hay quienes al mirar sólo los derechos de los imputados piden la plena reparación y la libertad inmediata, sin tomar en cuenta a las víctimas. En ambos casos, en su afán de hacer valer los derechos de unos, transgreden los derechos de otros.
En México, desgraciadamente tenemos muchos casos. La PGR reconoce 2 mil 400 denuncias de tortura en 2014, casi el doble de 2013, cuando fueron mil 165. Casos en los que, al final, sólo quedamos polarizados ante los testimonios, las evidentes fallas institucionales, los criterios dispares de juzgadores y lo peor, sin solucionar el problema estructural que permite que la historia se repita una y otra vez ante la indignación de todos.
Si continuamos con este falso debate, todos seguiremos siendo víctimas del sistema. Esta discusión no resulta productiva en lo absoluto. No se trata de definir si víctima o victimario tiene más derechos. Todos tenemos derechos, y todos podemos estar en un momento dado en cualquiera de las dos situaciones, y tenemos derecho a un juicio justo, libre de coacciones y evidentemente de la barbarie de la tortura.
Las autoridades deben cuidar el debido proceso protegiendo los derechos humanos de todos, esa es su función. En este sentido, el reto, en el marco de la implementación del NSJP, está en la profesionalización y equipamiento de los operadores de los sistemas de seguridad y justicia, con estrategia, programas, recursos, indicadores y metas. Son ellos quienes pueden o no hacer funcionar efectivamente el sistema de justicia. La discusión está ahí, en el fortalecimiento de capacidades y controles para que no se violen derechos en los distintos momentos del proceso penal.
Indiscutiblemente, las pruebas obtenidas bajo tortura serán eliminadas, y desde luego se debe castigar a los torturadores y tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder, ya que es inadmisible. Sin embargo, esto no significa la liberación en automático del imputado, es indispensable que el juez revise el resto de las pruebas. Pero si las únicas pruebas existentes son las obtenidas bajo tortura, si no existe más evidencia obtenida en un proceso legal, entonces los imputados obtendrán su libertad. Mientras que la autoridad deberá garantizar que la víctima no quede desprotegida, ya que en el caso de haber existido un delito grave, muy posiblemente se ejecutará una venganza por parte de los presuntos culpables.
Por ello, más allá de defender a cualquiera de las partes, el centro del debate y las acciones de gobierno deben estar enfocados en garantizar el debido proceso, y ofrecer certeza tanto a la víctima como al imputado.
Reflexionemos: Mientras el sistema penal no funcione correctamente, sin torturas y pleno respeto al Estado de derecho, continuarán las injusticias y seguirá el viacrucis.
Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera
