Antonin Scalia era, hasta la semana pasada, uno de los nueve jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos. Falleció por causas naturales mientras se encontraba en un viaje de cacería en Texas. Fue designado en 1986 y estaba por cumplir los 80 años de edad.

Obama declaró que, para suplirlo, nominará a una persona en tiempo, esperando que el Senado cumpla con su labor de designar a un nuevo juez. El actual líder del Senado por su parte, señaló que el lugar de Scalia debe permanecer vacante hasta después de las elecciones. El plazo es demasiado largo.

Si Obama opta por un perfil liberal, como el de las dos mujeres que ha propuesto en las oportunidades previas, se rompería la mayoría que los republicanos han mantenido en la Corte desde principios de los 70, pero al ser mayoría en el Senado pueden rechazar lo que Obama proponga y dejar por muchos meses una Corte incompleta, esperando que uno de los suyos gane la elección presidencial.

Para Obama es fundamental esta designación porque ya están próximos a discutirse los decretos relacionados con migración y cambio climático, así como la posibilidad de eliminar la pena de muerte en Estados Unidos.

En su momento, la designación de Scalia respondió al rechazo de Reagan a la Suprema Corte liderada por Earl Warren pues creía que éste había abandonado la prudencia judicial al servicio de una agenda igualitaria.

En una entrevista de 2012, un reportero le preguntó a Scalia respecto de cuál sería su peor pesadilla después de su retiro, a lo que respondió: “No me gustaría ser reemplazado por alguien que emprenda inmediatamente la tarea de anular todo lo que he tratado de hacer”. Recientemente, se pronunció por una Corte menos homogénea en la formación profesional de sus miembros, Scalia era conocido como el ancla intelectual de un método de interpretación constitucional denominado “originalismo” que va en contra de la idea de una “Constitución viva”, ya que él creía que para analizar y resolver los casos —a diferencia de quienes ven el momento de aplicación— que el juez debe atender al significado literal de las palabras en el contexto en que fueron escritas. “La función de la Constitución es dar rigidez a las cosas y la de las elecciones, la de dar flexibilidad al sistema”, sentenciaba.

Su crítica radicaba en la falta de legitimidad democrática de los jueces para decidir sobre la voluntad mayoritaria expresada a través del voto. Fue un escéptico de la movilidad social; creía que la desigualdad y las injusticias no siempre podían ser resueltas y que lo único que se puede hacer en una democracia es intentar —a través del empuje de la política electoral— conseguir mayorías en torno a un punto de vista.

Hubo casos en los que su técnica de interpretación lo llevó a adoptar decisiones contrarias a su moral conservadora: i) el derecho a quemar una bandera estadounidense, ii) la inconstitucionalidad de obtener y almacenar muestras de ADN de una persona en cualquier detención o iii) la inconstitucionalidad de la prohibición de vender videojuegos “extremadamente” violentos a menores de edad, así como en diversos casos sobre derechos de las personas sujetas a proceso penal.

Scalia se distinguió por sus votos de disenso más que por lograr consensos. La propuesta que sí convenció a sus pares fue la del reconocimiento del derecho individual a poseer armas. Tema que hasta hoy genera posiciones encontradas.

Scalia fue cuestionado por abandonar el rol del juez enclaustrado. Se le veía como un político con toga, a pesar de que siempre manifestó haber dejado la política al ingresar a la Corte.

“El prestigio de la Corte no es algo que pones en un mantel y admiras. Está ahí para que lo uses en batalla”, decía. La batalla que se libra por su ausencia apenas comienza.

Directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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