Seguridad: otra vez queda pendiente

Concluye otro periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, en el que se dieron avances en asuntos de gran calado, como el caso del paquete de iniciativas sobre justicia cotidiana promovidas por el gobierno de la República. No obstante, vuelven a postergarse asignaturas de la mayor relevancia y urgencia para el país, en específico ante un desafío tan delicado como la seguridad pública.

Esta omisión resalta aún más en este momento, justo a 10 años de que, desde la máxima autoridad ejecutiva del Estado mexicano, se asumiera públicamente el compromiso de combatir frontalmente a la delincuencia organizada, recurriendo para ello al apoyo emergente de las Fuerzas Armadas.

Hace ya una década que el Ejército y la Marina realizan responsablemente labores que corresponden al orden civil, sin la debida certidumbre institucional y jurídica, y sin un programa que establezca plazos y responsabilidades claros.

Desde el inicio se señaló que hacían falta los correspondientes ajustes. El mandato constitucional y los fines del orden castrense son distintos a los del orden civil. Se trataba de un llamado extraordinario y necesariamente temporal, por los problemas graves de incapacidad y desconfianza en los distintos cuerpos policiacos y de procuración de justicia.

El problema es que la situación se ha vuelto permanente. Esos cuerpos civiles no han sido reformados a fondo, para cumplir sus funciones, con corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno. Soldados y marinos permanecen fuera de los cuarteles como último recurso para proteger a los habitantes de varias zonas: hacer un trabajo que no pueden llevar a cabo las instituciones concebidas para ello.

De ahí la urgencia de aprobar reformas en materia de seguridad interior, que den claridad y certeza en ese sentido. Hay un avance importante, con diversas iniciativas que se han presentado, y en particular con la que buscaría promulgar la Ley de Seguridad Interior, presentada en días pasados en la Cámara de Diputados. Se basa en el postulado de salvaguardar la continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática. Pero hay que acelerar el proceso.

Recordemos que desde noviembre de 2014, el Presidente de la República promovió iniciativas legales con carácter de urgente, en el marco del Decálogo por un México con Justicia, Unidad y Desarrollo. El paquete incluía, entre otros puntos, una Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales, propuesta de redefinición estructural de competencias jurisdiccionales y los mandos estatales unificados. Más aún: algunos de estos temas estaban incluidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito en 2008 por todos los poderes de la Federación y partidos políticos.

Resalta precisamente otra asignatura crucial, pospuesta cada periodo ordinario de sesiones: los mandos policiacos unificados o mixtos en los estados, para enfrentar la precariedad de un gran número de municipios frente a la delincuencia. La necesidad de consolidar una estructura institucional eficaz y a la altura de las circunstancias actuales, en materia policiaca y de protección a la ciudadanía. Una definición adecuada y clara de competencias y coordinación.

En 10 años se han cometido más de 150 mil homicidios relacionados con el crimen organizado, hay decenas de miles de desaparecidos y de desplazados, y sin embargo, esos cambios fundamentales en el sistema de seguridad pública y nacional siguen faltando. Los ciudadanos tenemos que exigir que se ponga remedio a esta situación cuanto antes.

México necesita renovar un pacto nacional por la seguridad pública y el Estado de derecho, que incluya estas reformas, como compromiso de parte del Congreso, como máxima representación nacional.

Presidente del Consejo Coordinador Empresarial