Odebrecht: ¡el problema es hemisférico!

Ignacio Morales Lechuga

Los escándalos de corrupción por Odebrecht sacuden a 11 países latinoamericanos, México incluido, por investigaciones realizadas en Estados Unidos. Derivado de esto, las Fiscalías y Procuradurías Latinoamericanas se han reunido en Brasil para profundizar y mejorar los mecanismos y vínculos de cooperación y asistencia técnica entre ellos. El objetivo es lograr vencer la corrupción y la impunidad, dos jinetes apocalípticos que se ven difíciles de erradicar en los tiempos actuales, por ausencia de voluntad política de autoridad moral y la contaminación prevaleciente.

La empresa brasileña Odebrecht trazó una ruta de corrupción y corrosión ,derivadas de contratos de obra pública, de tal magnitud que incluso funcionarios como el ex presidente de Perú Alejandro Toledo, así como distintos ministros argentinos, han sido señalados como presuntos responsables.

En el caso de nuestro país, se habla de contratos celebrados entre 2010 y 2014 por cantidades no determinadas que arrojan sobornos por 10.5 millones de dólares. Se habla de pagos ilícitos que datan de 2001. Incluso, el Presidente Calderón ha sido involucrado.

La respuesta del Estado ha sido lenta y poco contundente. Pemex anuncia que en caso de encontrar “irregularidades” podría inhabilitarse a Odebrecht.

Los países latinoamericanos han sido presa fácil de la corrupción y corrosión causadas por el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de armas, los precursores químicos, y otros delitos violentos asociados de los cárteles que actúan en toda la región y que flagelan a la sociedad con secuestros, asaltos, tráfico y trata de personas. La mayoría de estos delitos se cometen a través de varios países, traspasando las fronteras con impunidad.

Son delitos continuos o continuados. Vulneran los marcos jurídicos de los países donde se inician, los que atraviesan y los de su lugar de distribución y aprovechamiento.

Las diversas legislaciones nacionales, la soberanía y la competencia territorial son insuficientes y han sido rebasadas, ya que son fenómenos delictivos que se desarrollan a partir de la globalización y, por ello, se requiere una legislación internacional que abarque desde Alaska a la Patagonia que contemple la creación de fiscalías, jueces, policías e incluso, centros de detención y que es, a mi juicio, la única alternativa para vencer el flagelo de estos delitos.

El procurador general de la República participó en la cumbre de Fiscales de Justicia que se llevó a cabo en Brasil; su participación constituye una verdadera prueba de fuego, no sólo para su persona y su ratificación como fiscal general, sino para poner en práctica el interés de “impartir justicia con escrúpulo social, pulcritud jurídica y rigor ético” como declaró.

El convenio reafirma el compromiso de México en la solución de estas conductas ilícitas y antisociales que perjudican al hemisferio, por lo que las autoridades deben actuar sin dilación para erradicar la corrupción, el lavado de dinero y el tráfico de influencias, pero es insuficiente lo previsto en el convenio si no se avanza en una legislación hemisférica común. Ya es hora de seguir los pasos de Europa, que ha obtenido buenos resultados. La supranacionalidad es el camino que evita, además, hegemonías y ayudas condicionadas. El problema es hemisférico.

El reto es enorme, pues, la corrupción en México ha inundado a los gobiernos federal y locales, sólo los ex gobernadores de Querétaro y Tlaxcala, José Calzada y Mariano González, no se han visto envueltos en escándalos de corrupción durante su gestión; del resto, mejor ni hablamos.

Las leyes expedidas por el Congreso de la Unión en materia de corrupción tienen tantos candados que las vuelven inaplicables.

Sobre la espalda del procurador pesa no solo resolver las implicaciones en México del caso Odebrecht, sino la investigación y consignación de los responsables de los casos que se han acumulado sin que hayan sido llamados a rendir cuentas. Ex gobernadores, ex secretarios y funcionarios del sector paraestatal son en gran medida a quienes debe dirigir sus pasos el procurador.

Raúl Cervantes es un hombre de trabajo y resultados, lo acredita su gestión como senador de la República, así que es idóneo esperar en este caso buenas cuentas de su gestión.

Notario público y ex procurador general de la República

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