El discurso de odio promovido por el presidente electo de Estados Unidos durante la campaña electoral exige una respuesta congruente —y contundente— por parte del Estado y la sociedad mexicanos. El riesgo hoy es que la discriminación hacia ciertos grupos se normalice; que las violaciones de derechos humanos de personas migrantes se agudicen y que la exclusión y privación de derechos por razones como la nacionalidad o el color de piel comiencen a ser percibidos cada vez con mayor naturalidad.

El plan de 100 días presentado en octubre por Donald Trump despierta grandes señales de alarma. Al menos 10 puntos de ese plan afectan directamente a México y a los mexicanos que viven en Estados Unidos.

Además del muro, otras tres promesas de campaña generan preocupación: los cambios en los incentivos fiscales de Washington, la anulación de ciertas órdenes ejecutivas del presidente Obama y la deportación masiva de inmigrantes considerados como criminales, aún cuando sólo hayan cometido infracciones menores.

En materia de política fiscal, Trump prometió recortar las transferencias federales a las aproximadamente 170 “ciudades santuario” de EU, urbes caracterizadas por cierta laxitud en materia migratoria. Si la presión fiscal de Washington empuja a un cambio en esa política, cientos de miles de personas migrantes indocumentadas de origen mexicano estarán en riesgo. Tan sólo en Los Ángeles (una ciudad santuario) viven más de 660 mil mexicanos y mexicanas en esta situación.

Las acciones ejecutivas de Obama que se podrían revocar han servido para instaurar medidas tan importantes como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), una política que hace posible que ciertas personas inmigrantes irregulares que arribaron a EU en la niñez (los llamados dreamers) soliciten protección y permisos de trabajo. Un revés en este ámbito hará que las y los jóvenes cuya solicitud ya ha sido aprobada pierdan su estatus protegido y enfrenten una deportación. El gobierno ya conoce sus datos y sería sencillo perseguirlos.

En torno a los “extranjeros criminales”, Trump ha prometido deportar 1.9 millones de migrantes convictos, entre los que hay también residentes temporales y permanentes autorizados. Si el presidente electo buscara deportarlas, la Agencia de Inmigración y Aduanas podría comenzar a hacerlo conforme cada persona cumpliera su condena.

Mucho se ha especulado acerca de qué tan lejos llevará el presidente electo sus promesas. Dejemos de especular y preparémonos. Incluso si el próximo presidente cumpliera sólo con una parte de sus promesas en materia migratoria, un gran número de migrantes mexicanos que viven en EU se verán afectados, con las consecuencias que esto puede tener para los flujos migratorios que atraviesan por México. Aún cuando no fueran formalmente deportados, muchos migrantes en EU podrían volver masivamente a México si la vida se torna insoportable allí.

Todo ello nos obliga a asumir que la problemática migratoria, dentro y fuera del país, será un tema central para México en los próximos años. Asumirlo implicará dar una lucha decidida contra toda forma de discriminación a las personas migrantes, e incluso a otros grupos sociales.

Además de monitorear y estar vigilantes frente a la situación de nuestros connacionales en el norte, luchar contra toda forma de discriminación en México será particularmente importante. Sólo de esa forma podremos enfrentar con mayor fuerza, eficacia y legitimidad las políticas discriminatorias que afecten a nuestros connacionales fuera del país.

Para exigir respeto a las personas migrantes en Estados Unidos, México deberá tratar con respeto a las personas migrantes aquí, y ser en todo momento respetuoso de sus derechos humanos. No será sencillo exigir que no se discrimine, se abuse y se violente si en nuestro país se discrimina, se abusa y se violenta.

Debemos entender la migración de manera opuesta a como lo hace Trump. Con un mensaje claro que respalde una política migratoria basada en el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Necesitamos hacer patente que la discriminación resta, mientras que la inclusión beneficia a todas y a todos.

Coordinador de Asesores del Conapred

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