Menos cárcel también es justicia

A los criminales no los agarran, es la queja frecuente entre la población cuando se le pregunta por la seguridad. Hay un respaldo estadístico a esa percepción: el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015 —presentado apenas en abril pasado y que sintetiza cifras oficiales y de organismos internacionales— calculó que, entre los países que sí reportan números confiables, México se encuentra en la peor situación, sólo por debajo de Filipinas.

Lo más fácil sería suponer entonces que un indicador de éxito en el combate a la impunidad sería un número creciente de reos en las cárceles. No es así. La realidad es que no son los peores criminales quienes ocupan más espacios en las cárceles del país, sino los capturados por minucias como peleas callejeras, robos minúsculos en supermercados o daños a la hojalatería de un auto ajeno.

La nueva justicia penal, sostenida en la reforma constitucional de 2008, busca precisamente acabar con ese absurdo. Los resultados comienzan a estar a la vista, a juzgar por lo dicho por el subsecretario del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, Hazael Ruiz Ortega.

De acuerdo con el funcionario, a 123 días de que entró en vigor el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el DF, disminuyó 69.02% la cantidad de personas que ingresan a prisión en la capital del país. Esto se debe a la mediación, que sustituyó al método de inmediata prisión en más de 100 delitos catalogados “no graves”: problemas familiares, discusión entre vecinos, amenazas, golpes leves, choques.

Todos se benefician. Desde el erario que deja de pagar por la manutención de reos que no deberían estar en prisión, hasta los propios quejosos quienes ahora no tienen por qué esperar años antes de ver concluido un caso.

En el viejo esquema, todavía vigente en gran parte del país, por un lado quedan libres los peligrosos delincuentes capaces de comprar a las policías o al aparato judicial, por otro, se pueblan las prisiones de personas comunes quienes tuvieron la mala suerte de terminar en tribunales como consecuencia de un conflicto menor con algún vecino o malqueriente. A la ecuación hay que añadir a los inocentes, detenidos por estar en el lugar equivocado, pero útiles a los policías o ministerios públicos a quienes sus jefes exigen una cuota.

En un mundo así los tramposos y los corruptos prevalecen por encima de quienes cándidamente cumplen las reglas. El resultado es la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones.

Justicia es atrapar al responsable de un delito. También lo es evitar arruinarle la vida a alguien por cometer infracciones menores a las que todos estamos expuestos.