Sin seguridad no hay progreso

Todo negocio es un riesgo. Los inversionistas ponen su dinero donde la distancia entre ese factor y el de las ganancias es mayor. En el caso mexicano, por desgracia, esa distancia es grande, tanto por el robo común como por la debilidad de los reguladores económicos para aplicar las reglas de equidad entre competidores.

Gabriela Ramos, representante de la OCDE en México, habla en entrevista para EL UNIVERSAL sobre uno de los grandes obstáculos para la aplicación de las reformas estructurales: “El tema de la seguridad está vinculado con la efectividad de las instituciones públicas, pero no sólo a escala federal, que es donde tenemos las estructuras de gobierno más avanzadas, sino a nivel estatal”.

La experiencia del pasado reciente de Mexico ofrece un espejo de lo que pasa cuando la economía se liberaliza sin controles públicos. Desde los años 80, industrias antes controladas por el gobierno se han abierto a las reglas del mercado, lo cual ha traído ganancias a un sector de la sociedad, pero no a una franja amplia.

El resultado es un estado de ineficiencia del sector público y del privado que inhibe el libre mercado. El primer caso se traduce, por ejemplo, en incapacidad para atender el problema de la inseguridad. El segundo, en la formación de monopolios.

La OCDE no es la única organización internacional que ha alertado del lastre económico que representa el crimen en México.

En entrevista con EL UNIVERSAL el pasado 27 de noviembre, el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Robert Rennhack, alertó que hay empresas que tienen que absorber costos ante los riesgos de la delincuencia, lo cual resulta en un freno para la inversión. “Lo que no sabemos es la magnitud del efecto, si es grande o no, y cuánto ha pegado a la economía”.

Empresas han abandonado el país, según han denunciado cámaras empresariales, por la imposibilidad de operar en regiones ingobernables de México.

Otro aspecto en el que impacta la ausencia de legalidad es la relación entre actores privados. Así como para confiar en un resultado electoral es crucial tener un árbitro imparcial, de la misma manera se espera una gestión pulcra del recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la nueva Comisión Federal de Competencia Económica. Lamentablemente no hay antecedentes de reguladores con estas características. De la actuación de estas instancias dependerá, en gran medida, el éxito o no de las reformas. Un país con un Estado de derecho endeble, como México, representa un riesgo en sí mismo para cualquier inversionista. Es un factor que todavía se está a tiempo de atacar antes de que la instrumentación de las nuevas reglas siga avanzando.