Otro recorte con deudas

La relación de México con el petróleo ha sido tortuosa desde que se pensó —cuando la riqueza fue descubierta— que a partir de entonces sólo hacía falta “administrar la abundancia”. Poco tiempo después de la jauja llegó la resaca: una reducción abrupta en los precios del crudo, en 1981, detonó una de las peores crisis económicas en la historia de este país. Esta vez se sufre una vez más de dificultades por el bajo costo del barril. ¿Se aprendieron las lecciones del pasado? Muchas sí. Otras, está por verse.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que va a hacer un nuevo recorte al gasto público preventivo para 2017 por un monto que se va a definir en los próximos días, una vez que Petróleos Mexicanos (Pemex) haga el ajuste correspondiente a este año. Es el tercer recorte en la presente administración, bajo la presión de la incertidumbre global.

Visto en perspectiva, el problema pudiera haber sido peor si ninguna diversificación de ventas al exterior hubiera ocurrido en las últimas décadas. Hace 35 años las ventas petroleras al exterior eran 80% del total de las exportaciones mexicanas; hoy el petróleo crudo representa alrededor de 10%. Esa es la buena noticia, la mala es que la producción de esa materia prima no ha dejado de caer desde que alcanzó un máximo en 2004. La reforma energética, que debía ser el salvavidas para el crecimiento en la presente administración, se ha quedado corta en resultados debido a la mala coyuntura mundial.

Hace un año Hacienda anunció un recorte de 124 mil 300 millones de pesos al gasto público de 2015, equivalente a 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que según analistas tendría un efecto adverso en el crecimiento de la economía. Así fue seguramente, aunque el contraste con el resto de América Latina, hace ver a México menos mal.

La ortodoxia macroeconómica tan criticada cuando países como Brasil o Venezuela crecían dos o tres veces más que México, hoy recibe elogios de instancias internacionales. Aun así, mal haría la clase política en suponer que todo acaba con los anuncios de recortes.

Otras medidas podrían tomarse desde el Ejecutivo y el Congreso para hacer ver a la población que el compromiso con el bienestar económico va en serio. ¿Cuándo habrá reducción de sueldos de altos funcionarios? ¿Cuándo un recorte a prestaciones ofensivas como los seguros de gastos médicos mayores para legisladores? ¿Cuándo el Poder Judicial pondrá fin a “bonos de riesgo” para los más encumbrados de la estructura?

La lógica de recortes en programas de gobierno y plazas gubernamentales quizá sea impecable en términos numéricos, pero la población exige congruencia, un sacrificio que sigue ausente.