La controversia en torno al proyecto del Malecón Cancún, situado en la zona conocida como Tajamar, involucra ya a instancias gubernamentales, empresariales, judiciales y ambientalistas. Lo que surja de este encuentro de posturas marcará todos los planes de desarrollo de infraestructura que se realicen en adelante.

Las protestas por la construcción sobre un manglar dan cuenta de lo mucho que ha cambiado este país.

Durante gran parte del siglo pasado el desarrollo se dio prácticamente sin reparar en el ambiente; una costumbre que venía de siglos atrás, basta recordar esa ciudad fundada sobre un lago y rodeada de más cuerpos lacustres que describieron los españoles. Nada queda. Fue en 1982 cuando el tema ambiental apareció en la estructura gubernamental, con la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y más en forma 12 años más tarde con el surgimiento en 1994 de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

El último lustro del siglo pasado y lo que va del actual se ha buscado compaginar el tema ambiental con el desarrollo, aunque no siempre con resultados alentadores: cada año las secretarías de Salud y de Medio Ambiente publican una lista de las playas más contaminadas, para pedir a vacacionistas que las eviten; la contaminación en ríos es también un problema preocupante, hace dos años el derrame de ácido sulfúrico sobre el río Sonora dejó a miles de pobladores sin agua; la aparición de peces muertos en ríos y lagunas se vuelve también noticia frecuente. El escaso equilibrio entre desarrollo y respeto al entorno es manifiesto.

Para solucionar el problema en Tajamar (ecocidio, lo llaman ambientalistas) hay muchos aspectos que deben quedar claros. Lo conocido hasta el momento refiere que la autorización se dio en 2005, cuando no existía una normatividad que precisara la protección a la zona. Después surge la ley y se continúa con el proyecto. Si hubo una omisión, debe corregirse. Si especialistas prueban que en la zona ya no había fauna y si los desarrolladores muestran sus documentos en regla, que continúen las obras. Por el momento, un fallo judicial ordenó suspender la obra.

El ex secretario de Turismo en el sexenio de Vicente Fox, Rodolfo Elizondo, planteó revocar los permisos e indemnizar a empresarios. Más voces de los involucrados deben escucharse.

La protección al ambiente por supuesto que es primordial, pero el desarrollo y la creación de infraestructura es necesaria en un destino internacional e importante generador de empleos y divisas para el país como Cancún. En este tema todos los actores deben exponer sus argumentos y juntos lograr acuerdos.

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