Contra la prostitución infantil, ahora

Editorial EL UNIVERSAL

En México no existen cifras precisas acerca de la explotación sexual a menores. A pesar de ser un flagelo que debiera tener toda la atención del gobierno, en nuestro país son nulas, si no es que inexistentes, las políticas que pugnan por acabar con este terrible delito que viola los derechos humanos de los más vulnerables: los niños. Además, estrechamente ligado a la explotación sexual infantil, se encuentra pendiente en nuestro país el combate a otro ilícito terrible: la trata de personas.

Los datos disponibles, poco fiables dada la complejidad de contabilizar una práctica como ésta, son escalofriantes; en 2015 la Asociación Unidos contra la Trata estimó que sólo en la frontera de México con Estados Unidos hay al menos 50 mil niños esclavos sexuales. Otros 20 mil, aproximadamente, en el resto del país.

Esta industria clandestina, con presencia en prácticamente todas las grandes ciudades mexicanas, tiene sus centros turísticos de prostitución infantil en Tijuana, Acapulco y Cancún.

Para dimensionar el tamaño de esta estructura criminal habría que decir que se calcula incluso que los beneficios económicos por el tráfico y explotación sexual de personas son superiores a las ganancias que deja el narcotráfico.

Lo cual lleva a cuestionar por qué el combate al tráfico de personas y a la prostitución infantil ocupan un lugar secundario en la lucha contra el crimen organizado en nuestro país. En principio habría que invertir el paradigma de dicha lucha en México —y allende las fronteras—. Es decir, lo que debieran mantener como prioridad nuestras estructuras de inteligencia, de combate a la criminalidad y de procuración e impartición de justicia, más allá del tráfico de estupefacientes y de armas, por mencionar a las otras dos industrias ilegales más rentables, es sin duda la erradicación de la trata de personas, que deviene, entre otras, en esclavitud sexual infantil.

En este sentido, ONG señalan que el gobierno actual está en deuda porque dejó de elaborar un plan específico contra la prostitución infantil, sumado a que no existe un programa nacional a favor de la infancia y la adolescencia, además de que no se han diseñado esquemas que atiendan a los menores que han sido víctimas de estos abusos, que sufren fuertes daños en su desarrollo.

Por otro lado, ante el reconocimiento de organizaciones mundiales para la protección de la niñez de que desconocen con exactitud la cifra de niños prostituidos a nivel mundial, se vuelve urgente también la coordinación internacional en el tema.

Un buen principio sería sacar del anonimato a quienes acuden a estos servicios sexuales para detener el fenómeno desde la demanda, siguiendo el ejemplo de países como Suecia, donde se castiga severamente a los usuarios de la prostitución.

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