Incluso los delincuentes tienen derechos humanos. Ese es un concepto que a la sociedad mexicana le ha sido difícil aceptar desde que en los años 90 se crearon instituciones para defender ese principio. Es importante, porque la aceptación de esa realidad marca el paso hacia una sociedad civilizada, que renuncia al uso de métodos criminales para detener a sus enemigos. Sin embargo, dentro de ese principio aceptado en todo el mundo hay matices muy interesantes.

El debate en este momento se da a partir de la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dio ayer a la delegada de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, por considerar que su subordinado —el City Manager de la demarcación, Arne Aus den Ruthen Haag— transgredió los derechos humanos de tres ciudadanos luego de que los exhibiera en un video vía redes sociales, mientras cometían faltas menores como estacionar autos en lugares inapropiados o tirar basura sobre el pavimento.

¿Puede equipararse la humillación que implica exhibir públicamente en una conferencia de prensa a un supuesto secuestrador, con el acto de transmitir en vivo por internet la multa o amonestación a un ciudadano que tiró su basura en la calle?

La respuesta no es obvia porque en Derecho las normas están siempre sujetas a interpretación. En ocasiones algunas garantías se contraponen a otras y es labor de los juzgadores discernir a cuál se le da prioridad.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Perla Gómez Gallardo, explicó que la medida no busca “sino evitar que la autoridad pueda actuar discrecionalmente sin un fundamento, porque eso abre una puerta al abuso de autoridad”. En respuesta, la delegada Xóchitl Gálvez dijo: “Ojalá que la Comisión no se ponga del lado del infractor, sino que realmente cuide a los vecinos, a quienes se les violentan sus derechos”.

Hay que empezar por reconocer la existencia del derecho al honor, a la imagen propia y a la presunción de inocencia de todas las personas, más allá del juicio que sobre de ellas hagan las redes sociales, siempre muy prestas a enjuiciar a los personajes sin una investigación previa.

Sin embargo, la particularidad en el caso de los videos del City Manager de Miguel Hidalgo es que frente al derecho al honor de las personas exhibidas se encuentra el interés público de los habitantes de la Ciudad, quienes logran conocer con transparencia las actividades de sus funcionarios gracias a la herramienta tecnológica que éstos utilizan.

El debate continuará. Tiene que ser así, porque a partir de él se podrán establecer criterios para casos futuros. Al final, quien ganará será la civilidad y el Estado de derecho.

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