Recorte a los impunes

Ayer se anunciaron recortes al presupuesto, también un pago más generoso para los tenedores de bonos gubernamentales, así como la suspensión de las ventas de dólares que tenían como objetivo frenar la caída del peso. Medidas no dirigidas al gran público, pero que reconfortan a los grandes inversionistas pues se ataja una posible mala calificación internacional de México ante la baja de ingresos petroleros. Acción importante, sin duda, pero incomprensible para la mayoría de la gente.

El ánimo de la población debería recibir también un mensaje; no de austeridad, sino de congruencia. Baja el gasto público, ¿en qué momento eso se refleja en la impunidad y el privilegio que la opinión pública percibe entre la clase política?

Apenas el 8 de febrero pasado la Secretaría de Hacienda anunció un recorte al gasto público preventivo para 2017 por un monto que se definiría hasta que Petróleos Mexicanos hiciera el ajuste correspondiente a este año. Ese ajuste fue dado a conocer ayer: 132 mil 300 millones de pesos menos para 2016, de los cuales 100 mil corresponden a la ex paraestatal.

La restricción no afectará áreas de seguridad ni de programas sociales, dijo el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en clara alusión a la preocupación que sí tienen los ciudadanos respecto de la medida. Esta aclaración, sin embargo, tendría que estar acompañada de una muestra de sacrificio por parte de los sectores a los que, parece, nunca se toca.

Varias oportunidades ha habido para demostrar un cambio de discurso. El anunciado de ayer es el cuarto recorte en la actual administración, incluyendo el previsto en 2017, con motivo de los bajos precios del petróleo y la incertidumbre global.

Habrá menos plazas eventuales en Pemex, cortes al gasto corriente (todavía sin especificar) y menos inversiones públicas. ¿Cuándo la reducción de sueldos de altos funcionarios? ¿Cuándo menos prestaciones como seguros de gastos médicos mayores para legisladores? Y más importante: ¿cuándo se traducirán las irregularidades halladas por la Auditoría Superior de la Federación en sanciones para servidores públicos de alto nivel?

Tan sólo en la revisión de la Cuenta Pública 2014, dada a conocer ayer, se detectaron subejercicios por 63 mil millones de pesos en los estados de la República. ¿Qué significa esto? Cuando menos, el incumplimiento de las metas y los objetivos de los programas para los cuales se dio mucho dinero. En el peor de los casos, dijo el auditor Juan Manuel Portal, hubo un uso indebido de los recursos.

La responsabilidad macroeconómica del país es reconocida en el mundo. Una virtud que la gente de a pie no reconoce, y con razón, porque no ve que los cortes incluyan a todos.