Los intereses del cónsul

Editorial EL UNIVERSAL

En una empresa, si un empleado utiliza su puesto para recibir ingresos externos a su salario —en perjuicio del interés de la institución para la cual trabaja—, el individuo es despedido de inmediato. Evitar la sanción no sólo deja el caso en la impunidad, sino promueve la comisión de actos similares por parte de otros empleados. Este ejemplo se complica mucho más en la administración pública, pese a que es peor cuando un servidor público abusa de la confianza depositada en él, debido a que el dinero de su salario sale de la riqueza nacional y de los impuestos.

El martes pasado este diario dio a conocer que el cónsul general de México en Denver, Colorado, Carlos Bello Roch, aprovecha su cargo en el Servicio Exterior Mexicano para promocionar una organización “no lucrativa” registrada a su nombre. Dicho grupo cobra cuotas a cada socio por montos que van de mil 500 a 6 mil dólares estadounidenses.

El funcionario promociona la organización Vail Forum como “una plataforma de negocios” entre México y Estados Unidos, utilizando la papelería oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En la edición de hoy de este periódico se suma al recuento otro agravio a la Cancillería: el cónsul Bello Roch utilizó su cargo en el extranjero para facilitar negocios de la empresa Lockheed Martin Corp —principal proveedor de armas del Pentágono— con su hijo Carlos Bello Hernández, integrante del Consejo Consultivo en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y socio del despacho Bello, Gallardo, Bonequi y García.

Carlos Bello informa a su hijo en un correo electrónico, enviado por el diplomático el 19 de agosto de 2014, que miembros de la empresa Lockheed Martin realizarían un viaje a México en la semana del 22 de septiembre “y tienen mucho interés en contactar a personas importantes en México del sector de telecomunicaciones. Yo les platiqué de ti y les comenté que tú podrías apoyarlas con presentarles personalidades del sector”. El mensaje se envió desde su cuenta institucional de la SRE.

¿Es mera casualidad que en octubre de 2015 Lockheed Martin haya sido la empresa encargada de lanzar el satélite Morelos 3, proyecto que tuvo un costo de mil 600 millones de pesos? Debería existir una investigación en curso en el gobierno federal.

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es muy clara: todo funcionario debe “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios”.

Por ahora la única respuesta del Estado mexicano, vía el Senado, ha sido un exhorto a investigarlo. ¿Eso es todo?

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