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Iguala, ¿callejón sin salida?

Editorial EL UNIVERSAL

Una vez más el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la versión oficial de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014. Una verdad refutada que corresponde a un procurador anterior, pero que mantiene al gobierno de la República en deuda con los familiares de las víctimas y con la sociedad mexicana. Por eso preocupa que el choque no arroje más que incertidumbre. Dejar abierta la posibilidad de que —si futuras evidencias lo confirman— otra pueda ser la conclusión, es la única esperanza restante.

De acuerdo con los especialistas internacionales, en el basurero de Cocula no hay evidencias científicas de un incendio de la magnitud y la duración necesarias para poder incinerar los cuerpos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. La hipótesis de la Procuraduría General de la República (PGR) generada a finales de 2014 —sostienen los expertos— se basa en los testimonios de los inculpados. Un nuevo peritaje elaborado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en el cual confían padres de las víctimas, soporta el informe.

La PGR respondió, de forma escueta, que el caso no está cerrado. Previos informes de la comisión de expertos también criticaron las versiones oficiales y estos choques ocasionaron diferendos en los cuales no se llegaba a ninguna parte. ¿Después de ese callejón sin salida hay alternativas? La esperanza se posa ahora en el acuerdo entre el gobierno federal y la CIDH para realizar un nuevo peritaje en el que ambas partes establecerán objetivos y condiciones para efectuar el estudio, así como la elección de quienes lo realizarán.

En esos puntos es donde tendría que centrarse la discusión de ahora en adelante: en las evidencias, los documentos, las trayectorias. Desde la perspectiva gubernamental, las formas en que informes previos se han presentado han llevado a responsabilizar a un gobierno federal que no secuestró a los estudiantes ni los mató. Una percepción esparcida en la opinión pública y difícil de borrar a partir de que se trata de la cara más visible del Estado mexicano.

Hay que concentrarse mejor en lo sabido: de los 43 estudiantes desaparecidos, únicamente se tiene la certeza científica de la muerte de uno de ellos. Nada se sabe, con pruebas genéticas, del paradero de los demás. ¿En todos los crímenes siempre existe la capacidad técnica de averiguar con precisión lo ocurrido? Es una pregunta obvia que, para desgracia del gobierno, no se hace gran parte de la opinión pública, pues luego de tantas decepciones, en el imaginario sólo caben la incompetencia o el dolo en un caso no resuelto.

Conforme pasa el tiempo, más difícil es cambiar esa idea.

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