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La presencia de miles de militares en las calles de varias ciudades del país no es un capricho. Comenzó hace casi diez años como respuesta a la impunidad del crimen organizado y a la complicidad de los cuerpos policiacos locales. En el camino se han cometido abusos, es cierto. ¿Significa esto que la Secretaría de la Defensa Nacional debería retirarse de las zonas en conflicto? No mientras los gobernadores y presidentes municipales sigan indefensos o sean cómplices.
Hoy en este diario se da a conocer que la diputada local en Sinaloa Lucero Guadalupe Sánchez López —investigada por nexos con Joaquín El Chapo Guzmán— promovió sacar a las Fuerzas Armadas del estado en el último trimestre de 2015, cuando la Federación realizaba operativos para cazar al capo, bajo el argumento de que los militares cometían violaciones a los derechos humanos de los pobladores de comunidades asentadas en el llamado Triángulo Dorado.
La probable vinculación entre la legisladora y el narcotraficante sigue bajo escrutinio de la PGR; al final, tal vez la diputada habló con verdadera convicción y no porque quisiera entorpecer a la justicia. Será un juez quien lo determine si el caso llega a esa instancia. Lo que no se puede negar es el antecedente de manifestaciones de supuesto origen social cuyos integrantes admiten frente a los periodistas haber recibido un pago a cambio de marchar en contra de la presencia militar.
Grupos del crimen organizado intentan de forma sistemática escudarse en la sociedad para desprestigiar al Ejército y no enfrentarse con él. Valientes no son.
Es cierto que desde la incursión militar iniciada en 2006, las quejas por presuntos abusos de soldados se incrementaron exponencialmente. En 2012 se recibieron mil 450 quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Secretaría de la Defensa. Sin embargo, en 2013 el número se redujo casi a la mitad: 836; en 2014 sumaron 570 quejas y en 2015 hubo 538. En los últimos tres años se emitieron seis recomendaciones a las Fuerzas Armadas por parte de la Comisión, es decir, 88.3% menos que en el mismo periodo del sexenio previo.
El empleo del Ejército y la Marina sigue siendo el último recurso de un Estado y, por lo tanto, habría que recurrir a él sólo en emergencias. Mientras tanto, pedir su salida no puede dejar de verse con suspicacia mientras sea evidente que las autoridades civiles locales son débiles o cómplices.
En el Congreso de la Unión sigue frenada una norma que proporcionaría certeza jurídica a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Esa es una solución inmediata. La de largo plazo es crear policías confiables. No hay otra alternativa.
