Más músculo para el DF

La capital del país sostiene, con la riqueza que genera, a gran parte del resto del país. Uno de cada cinco pesos del Producto Interno Bruto de México proviene de la ciudad. La entidad es, además, la única que obtiene al menos la mitad de su presupuesto de ingresos propios; el resto de los estados depende de lo que la Federación le otorga, pues logran recaudar en promedio apenas el 8% de su propio gasto. En suma: era hora de que los capitalinos demandaran un mejor trato. La creación de la Ciudad de México en lugar del Distrito Federal es el primer paso. Apenas el primero.

Ayer la Comisión Permanente del Congreso hizo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma política del DF. En palabras simples: ya sólo falta la publicación de este cambio en el Diario Oficial de la Federación para que el Distrito Federal se convierta en Ciudad de México.

Para el ciudadano común pudiera parecer poca cosa, un simple cambio de nombre. Todo lo contrario. Es el instrumento que podría permitir a los habitantes de la capital obtener más beneficios, así como mejores herramientas de vigilancia sobre sus gobernantes. Entre muchos otros cambios, ahora la nueva Asamblea Legislativa de la Ciudad de México participará en los procesos de reforma a la Constitución general del país, cuando sea el caso. Además, las delegaciones serán alcaldías gobernadas por un concejo de varios integrantes —encabezado por un alcalde— lo cual evitará (idealmente) manejos unipersonales de recursos y políticas públicas.

¿Modifica esto la calidad de vida de los ciudadanos del próximamente “antiguo” Distrito Federal? Todo depende de la implementación. Si las fuerzas políticas se empeñan en mantener el statu quo, las nuevas instituciones reproducirán los vicios del pasado. Por el contrario, si el peso específico de la capital se traslada a la toma de decisiones de la Federación, entonces tendría que modificarse, por ejemplo, la condición de privilegio de estados y municipios que ignoran el cobro de impuesto predial en sus localidades para no verse afectados políticamente.

Es más sencillo estirar la mano y esperar a que la Federación les resuelva los problemas. En su nuevo papel como uno de los 32 estados de la República, la Ciudad de México tendrá que pugnar por cambiar ese desequilibrio, entre otros.

En países avanzados la opinión pública se preguntaría, por ejemplo, si el Distrito Federal tendría que financiar el aumento de 230% que Durango dio a los salarios de su burocracia entre 2006 y 2013, de acuerdo con estadísticas públicas recabadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Más voz y voto de la Ciudad de México en las decisiones del país. Ese es el cambio que hace falta.